Esta propuesta nos muestra que los vacíos se llenan. Independientemente de si la decisión de eliminar a ProMéxico del mapa de la Administración federal sea buena o mala, es necesario comprender que hay consecuencias. Una de ellas es la incapacidad de satisfacer las demandas por promoción internacional de regiones altamente productivas que crecen rápido y que encontraban en ProMéxico un aliado importante para continuar con su estrategia de desarrollo: inversión extranjera y exportaciones.
Por otro lado, si esta propuesta se materializa habrá presión para que otras regiones del país implementen políticas similares, sobre todo si el Bajío comienza a tener éxito. Afortunadamente, esta región ha desarrollado durante décadas ventajas que la hacen altamente competitiva, incluso para estándares internacionales, pero habrá que poner atención a la otra cara de la moneda en estados del sur como Guerrero, Chiapas y Oaxaca que no han transitado a las manufacturas complejas y la internacionalización. ¿Cómo vamos a llenar cualquier déficit en promoción económica que haya causado el cierre de ProMéxico en estos estados?
Otras entidades tendrán que invertir más en plataformas, atracción de inversiones y construcción de infraestructura para detonar crecimiento. El riesgo ahí es que ante la competencia por ese capital o la urgencia de desarrollar proyectos de inversión fija, algunos componentes de protección al medioambiente y atención a otros problemas sociales, como inclusión de grupos vulnerables, podrían ser diluidos.
OPINIÓN: ¿Qué le pasa a la economía de México que se frenó?
Fuera del ámbito de la promoción económica directa, el diseño e implementación de programas sociales también debe estar en el portafolio de gobiernos locales para llenar vacíos que deja la Administración federal. Con la desaparición de buena parte de los componentes de Prospera, el programa social más importante de México, habrá necesidades desatendidas que podrían ser retomadas por las entidades.
Será interesante ver cómo desde lo local se pueden diseñar y administrar nuevos esquemas de desarrollo social. Desafortunadamente, generar estos esfuerzos también implica un fortalecimiento de las finanzas públicas locales o una mayor demanda por recursos federales: su implementación no parece sencilla.
Los estados también deben voltear a ver otras políticas públicas que pueden impactar directamente las economías regionales. Los procesos de compra pública son un ejemplo. Los gobiernos estatales tienen la oportunidad de reducir significativamente los riesgos de corrupción en sus los procesos de asignación de contratos de obra pública e infraestructura. Muchas veces los incentivos para hacer más transparentes y eficientes las compras públicas no están ahí para los gobiernos y congresos locales. Sin embargo, es momento de pensar en nuevas tácticas para defender el crecimiento regional y habrá que usar todos los instrumentos posibles.
Esta recomendación se encuentra en total contraste con el caso de Tabasco, donde la Comisión Federal de Competencia Económica ha pedido iniciar un proceso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Obras. Es importante que la legislación estatal promueva la competencia de las licitaciones abiertas y restrinja el uso de asignaciones directas.
En resumen, los estados tienen margen para sostener, al menos parcialmente, el crecimiento regional en el corto y mediano plazo. El federalismo mexicano puede ser una herramienta útil para implementar políticas heterogéneas e independientes entre regiones. La implementación de políticas de promoción económica, atracción de inversiones, programas sociales y desarrollo de infraestructura a nivel local puede balancear los pronósticos de desaceleración nacional.
Nota del editor: Luis Mauricio Torres Alcocer es Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Síguelos en su página y redes sociales: Twitter y Facebook . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
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