(Expansión) - Durante la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no privatizar el líquido vital y, en cambio, garantizar el derecho humano al agua establecido en la Constitución.
Justamente a un año de su victoria electoral, publicó un decreto presidencial que pretende servir para cumplir con su promesa, especialmente con poblaciones marginadas.
Para lograr tal objetivo monumental se necesita un plan con suficientes estrategias y recursos económicos.
El decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales da pauta para que municipios y localidades con problemas de abastecimiento de agua puedan tener las comodidades burocráticas para obtener los permisos de uso, específicamente con fines domiciliares. Pero con trámites simples no se resuelve el problema. Para garantizar el líquido en las comunidades objetivo se requieren proyectos y fuertes inversiones monetarias.
Con datos del Banco Mundia l y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se requieren aproximadamente 231 dólares para garantizar acceso a agua potable y saneamiento a una persona. Entonces, si se alcanzar la meta de atender a 9.3 millones de personas en México, en los tres años de vigencia del decreto presidencial, se requeriría un financiamiento constante anual de alrededor de 13,782 millones de pesos lo que, para este año en particular, representaría el 58% del presupuesto otorgado a la Conagua.
Este monto podría ser mayor, de un 20 a 40% si en los proyectos se presentan actos de corrupción . Pero también, la cifra total requerida podría ser mucho menor, en caso de que actualmente ya exista infraestructura y capacidades comunitarias e institucionales en las poblaciones que se pretende beneficiar.
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Es importante aclarar que la Conagua no es la única institución que otorga recursos para proyectos de agua y saneamiento. Localmente los responsables de proveer el servicio público son los llamados Organismos Operadores de Agua, habitualmente administrados por los municipios. Estas instituciones cuentan con graves problemas como millonarios déficits económicos ocasionados por el desvío de recursos; por el uso electorero del agua ya que las tarifas se mantienen muy por debajo de la recuperación de los costos de operación; por la inflada plantilla de personal sin las capacidades técnicas suficientes; o por la morosidad de pago de la ciudadanía. Este panorama no permite una estabilidad financiera para invertir en más y mejor infraestructura, principalmente para las comunidades más alejadas que son las prioritarias de acuerdo al decreto de AMLO.
Por otra parte, existen los Comités de Agua que son agrupaciones rurales que autogestionan el servicio de agua en las localidades, conforme a los acuerdos comunitarios (usos y costumbres) y por los reglamentos municipales. En gran medida, estos comités se encuentran en zonas con pobreza y difícilmente tienen la capacidad económica para llevar a cabo las obras para satisfacer las necesidades de demanda hídrica de los hogares.
En ambos casos se requieren cinco elementos básicos para encaminar el decreto hacia el éxito: liquidez, planificación, transparencia, participación y evaluación. Es fundamental gestionar los recursos económicos en coordinación con los tres niveles de gobierno y el Poder Legislativo, principalmente con las comisiones especiales de recursos hídricos de los congresos estatales y el federal, para canalizar los gastos necesarios hacia los municipios y comunidades identificadas, por ejemplo, con inversiones de la misma Conagua, del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) del Banobras o del Ramo 33 de Pemex.
El siguiente paso es instrumentar los proyectos hídricos con la debida planeación técnica de largo plazo y con transparencia, desde los procesos de licitación de obras, que son gran nicho de opacidad y corrupción, hasta la construcción, el mantenimiento y la operación de la nueva infraestructura, respetando cabalmente la Ley de Obras Públicas y Servicios. De lo contrario, las obras pueden ser ejecutadas con mala calidad o ser descuidadas y ya no servir para el abastecimiento de las localidades, lo que representaría el incumplimiento al derecho humano al agua.
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La participación ciudadana resulta clave para un buen diseño e implementación de los proyectos hídricos. Para ello, es necesario que las comunidades puedan cerciorarse del buen uso de los recursos públicos y que se cumpla plenamente con la infraestructura planeada. La figura de Contraloría Social, respaldada en la Ley de Desarrollo Social, puede ser una gran aliada para instrumentar el involucramiento democrático de la sociedad en los proyectos derivados del decreto presidencial.
Finalmente, para conocer los impactos reales de las políticas públicas, es necesario su respectivo monitoreo y evaluación. Y para esto, será de suma importancia contar con los datos e información adecuada para generar indicadores que permitan hacer tangibles los cambios generados. Especialmente en materia del derecho al agua, es clave que el monitoreo y evaluación se realice en sus principios fundamentales : accesibilidad, suficiencia, calidad, asequibilidad y equidad. Únicamente satisfaciendo estos factores se podrá presumir la genuina protección de esta garantía individual.
¿Se logrará el financiamiento necesario para ejecutar las obras requeridas sin necesidad de pedir préstamos a organismos económicos internacionales o sin privatizar los servicios públicos de agua? ¿Qué monto tendrá calculado el presidente para lograr estos objetivos, dado que él generalmente tiene otros datos?
Posiblemente sea una buena estrategia política garantizar los derechos humanos para abatir las carencias sociales, y de esta forma reducir la pobreza multidimensional en el país. Pero en definitiva se requiere más que decretos para asegurar el agua a las 9.3 millones personas identificadas. En los próximos años veremos si las medidas tomadas fueron las adecuadas, o solo quedaron en buenas intenciones decepcionantes.
Nota del editor: Cuauhtémoc Osorno es investigador anticorrupción especialista en gestión del agua de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
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