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Nuestras Historias

Los retos para los estados y municipios en la 4T (Parte I)

Las reglas de la nueva administración limitan el endeudamiento de los estados y por ende ciertas inversiones que éstos requerirían hacer dentro de sus facultades, dice Ricardo Gallegos.
lun 05 agosto 2019 10:11 AM
construccion
El proceso obligatorio de licitaciones públicas ha permitido que estados y municipios adquieran y refinancien sus deudas a mejores tasas y mayores plazos.

(Expansión) - El inicio de una nueva administración federal, que también incluyó el cambio de partido político, ha significado retos adicionales a los que típicamente los estados y municipios estaban acostumbrados a manejar.

Los cambios de administración, por lo general, suelen reducir la velocidad de las decisiones de inversión, en lo que se definen cuáles serán las prioridades y la manera en la que se instrumentarán dichas decisiones a través del presupuesto.

En este sentido, el inicio de esta administración federal (conocida como la 4T) ha mostrado retos adicionales, ya que hay una modificación en su toma de decisiones, basada principalmente en un mayor centralismo, y un cambio en el rumbo de lo que fueron algunos proyectos estratégicos.

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Hoy los estados y municipios enfrentan un escenario totalmente diferente al de hace algunos años. En esta primera entrega iniciaré comentando uno de los factores que están provocando mayores incidencias en las finanzas públicas de los subnacionales: la implementación de la Ley de Disciplina Financiera, mientras que para la segunda entrega hablaré sobre los recortes de recursos federales, particularmente los relacionados al Ramo 23.

La Ley de Disciplina Financiera

En términos generales, esta Ley ha provocado varios efectos; entre los más notorios se encuentra un mayor control en la toma de financiamiento, el cual sí tenía una tendencia acelerada en los últimos años (sin ser un problema estructural).

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La velocidad en la toma de financiamiento causó que algunos estados adquirieran rápidamente un nivel de endeudamiento alto, como Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, así como algunos municipios, como Guadalajara, Tijuana y Tonalá, y ocasionó que no necesariamente esta toma de financiamiento se tradujera en todos los casos en mejores indicadores de bienestar y desarrollo económico en dichas regiones.

Sin embargo, a través de estas reformas tuvimos que hacer ciertas concesiones que han restado hasta cierto punto elementos de soberanía en los estados, y que en algunos casos limitarán el nivel de endeudamiento y, por ende, ciertas inversiones que éstos podrían requerir hacer dentro de sus facultades.

Del lado positivo, contamos con un registro público único que da mayor certidumbre al sistema financiero y un sistema de alertas que permite advertir con cierta temporalidad los riesgos asociados al comportamiento financiero de los subnacionales y determina per se el techo de endeudamiento.

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En particular, vale la pena destacar el proceso obligatorio de licitaciones públicas que han permitido que estados y municipios estén adquiriendo y refinanciando sus deudas a mejores tasas y mayores plazos; por ejemplo, se pueden mencionar los refinanciamientos exitosos del Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Durango, por mencionar algunos.

El reto principal en torno a este fenómeno es que muchos estados, algunos de ellos con una clara vocación industrial o turística, no podrán adquirir financiamiento en montos importantes para ciertos proyectos que podrían apuntalar su crecimiento y desarrollo económico, lo cual es una cota importante en un entorno enmarcado por procesos de volatilidad y bajo crecimiento económico.

Otro aspecto preocupante desde el punto de vista de calidad crediticia lo constituye el hecho de que casi la única salida a estas limitaciones serían los créditos de corto plazo y esta regla de disposición de un 6% de sus Ingresos Totales, pues es justamente este tipo de créditos los únicos que han presentado impago en la historia reciente de México, ya que los créditos estructurados, al contar con un fideicomiso de administración y fuente de pago, presentan una posibilidad extremadamente baja de default.

Como se explicó anteriormente, esta es la primera entrega de este artículo, en la segunda comentaré sobre los recortes de recursos federales, particularmente al Ramo 23.

Lee: Los retos para los estados y municipios en la 4T (Parte II)

Nota del editor: Ricardo Gallegos, Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana en HR Ratings.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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