En particular, vale la pena destacar el proceso obligatorio de licitaciones públicas que han permitido que estados y municipios estén adquiriendo y refinanciando sus deudas a mejores tasas y mayores plazos; por ejemplo, se pueden mencionar los refinanciamientos exitosos del Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Durango, por mencionar algunos.
El reto principal en torno a este fenómeno es que muchos estados, algunos de ellos con una clara vocación industrial o turística, no podrán adquirir financiamiento en montos importantes para ciertos proyectos que podrían apuntalar su crecimiento y desarrollo económico, lo cual es una cota importante en un entorno enmarcado por procesos de volatilidad y bajo crecimiento económico.
Otro aspecto preocupante desde el punto de vista de calidad crediticia lo constituye el hecho de que casi la única salida a estas limitaciones serían los créditos de corto plazo y esta regla de disposición de un 6% de sus Ingresos Totales, pues es justamente este tipo de créditos los únicos que han presentado impago en la historia reciente de México, ya que los créditos estructurados, al contar con un fideicomiso de administración y fuente de pago, presentan una posibilidad extremadamente baja de default.
Como se explicó anteriormente, esta es la primera entrega de este artículo, en la segunda comentaré sobre los recortes de recursos federales, particularmente al Ramo 23.
Lee: Los retos para los estados y municipios en la 4T (Parte II)
Nota del editor: Ricardo Gallegos, Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana en HR Ratings.
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