La trampa del proceso con la guerrilla de las FARC

El proceso con las FARC ha tenido fallas desde su inicio. En primer lugar, no cuenta con el apoyo de los colombianos, pues aún cambiando las reglas constitucionales y modificando los márgenes para necesitar menos votos y lograr la aprobación en la contienda electoral, en el plebiscito, los colombianos le dijeron no al acuerdo pactado por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Además, en las pasadas elecciones al Congreso de la República no lograron obtener ni el 1% de la votación aunque por el acuerdo ya tenían asegurados los escaños en el legislativo.

Un segundo punto y no menos importante es la falta de claridad en lo firmado respecto al narcotráfico. No es lógico que, en medio de una creatividad deshonrosa, se considere el narcotráfico delito conexo al político y como resultado, sea indultado o perdonado.

Tampoco es razonable o entendible que se deje en vilo casi al borde del perdón a aquellos maleantes que violaron mujeres y niños. Es ilógico pensarlo y considerarlo, es impensable contemplar la idea de perdonar y acallar la justicia bajo el argumento de una “paz duradera y estable” que nunca existió.

Las afirmaciones del expresidente protagonista de tal acto coinciden con las que ofreció el líder guerrillero Timochenko en CNN el 30 de agosto del 2019: “El 90% de las FARC sigue en el proceso de paz”. ¡Cuánto quisiera que tal afirmación fuera también cierta! Pero para noviembre del 2017 ya la ONU expresaba su preocupación debido a que solo el 55% de los guerrilleros habían abandonado las 22 zonas veredales en donde se alojaban .

La irregularidad y la confusión rodearon la firma del acuerdo con las FARC y lo que hoy vemos es el resultado de una negociación que pudo haber unido a los colombianos pero que fue desaprovechada y que comprometió no solo la institucionalidad sino también la esperanza de una salida negociada.

Las guerrillas colombianas perdieron sus ideales desde hace ya muchos años para transformarse en grupos narcotraficantes y delincuenciales al servicio de las mafias. Un acuerdo con ellas es un acuerdo con la máxima expresión de la ilegalidad.

Lo que queda es la posibilidad de corregir los acuerdos con los guerrilleros que han decidido retomar el camino de la legalidad, sin dejar de lado la importancia de encaminar todos los esfuerzos institucionales para combatir de manera decidida unas FARC desestructuradas que tomó un aliento y que aumentó sus amistades e influencias en el Congreso de la República, pero que sigue vulnerable y puede ser agotada de manera definitiva.

Los colombianos debemos sacar una gran conclusión de lo acontecido: No se deben doblegar las instituciones ante la ilegalidad. Tal vez no estemos evitando sucesos trágicos, sino que solamente los estamos postergando.

Post scriptum: La velocidad del rearme deja una gran duda. ¿Fueron entregadas todas las armas y rutas de las FARC en el proceso de “paz duradera y estable”?

Nota del editor: Roberto Rave es politólogo con posgrado en Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia de Nueva York. Con estudios en Gerencia de la Universidad IESE de España y candidato a MBA de la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República. Fue escogido por el Instituto Internacional Republicano como uno de los 40 jóvenes líderes más influyentes del continente. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

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