Los dos ex negociadores también criticaron al gobierno del presidente Iván Duque por "sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica" que "podría llevar a varios comandantes (de las FARC) a tomar decisiones equivocadas".
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"El gobierno debe asumir con decisión y con criterio de Estado el liderazgo del proceso de paz y dejar de actuar con criterio de partido, como lo ha hecho hasta la fecha", expresaron.
Entre los opositores al acuerdo de paz, el expresidente y senador Álvaro Uribe (2002-2010) alzó la voz más fuerte:
"El pais (sic) tiene que ser consciente que proceso de paz no hubo, sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional", escribió en Twitter.
El acuerdo de paz de 2016 permitió que más de 13,000 integrantes del grupo guerrillero, incluidos casi 7,000 combatientes, depusieran las armas, se reintegraran a la sociedad e incursionaran en la política.
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Pero con el paso de los meses muchos se apartaron del acuerdo alegando incumplimiento y comenzaron actividades de narcotráfico y minería ilegal en selvas y montañas, en donde también han atacado a efectivos de las Fuerzas Militares.
"Este renovado llamamiento a las armas es una reacción a la falta de voluntad política para implementar todos los aspectos del acuerdo de paz y un aumento preocupante de la violencia durante el último año —tanto por acciones de grupos armados como por una horrible ola de ataques contra líderes sociales— socavaron las promesas transformadoras del acuerdo, como la reforma rural integral, la sustitución de coca y el espacio político para la oposición pacífica", indicó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un comunicado.
De acuerdo con fuentes de seguridad, las disidencias de las FARC al mando de Márquez cuentan con al menos 2,200 combatientes.
Aunque el acuerdo de paz permitió reducir considerablemente los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura económica del país, la conservadora sociedad colombiana continúa dividida entre quienes apoyan la reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y quienes quieren verlos en prisión.
Con información de Reuters, AFP y EFE