(Expansión) – Según el célebre Warren Buffet, “el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes”; si juzgamos estos últimos nueve meses bajo esta frase, estaremos observando el valor que arroje esta nueva forma de gobernar mucho más adelante que el posible precio que cuestan sus medidas y políticas.
Los cuatro meses que le resta a este año no solo servirán para definir un presupuesto equilibrado, pero corto en ingresos y sin la posibilidad de crear o aumentar impuestos, sino la relación entre la iniciativa privada y la actual administración para los siguientes cinco años.
Después de un arranque lleno de ajustes en la manera en que el proyecto de nación del gobierno actual encaja con las necesidades y reclamos del sector industrial mexicano, parece existir un principio de acuerdo en el papel que deberán tener las y los empresarios mexicanos en los 1,600 proyectos de inversión (más uno de infraestructura nacional enteramente privado que está por anunciarse) para ayudar con la meta de crecimiento y, por fin, con el desarrollo del país.
El tema es tan vigente que el presidente de la República lo tocó justo al día siguiente de la presentación de su primer informe de labores, dejando claro que la inversión externa fluye, las remesas están en máximo histórico y los programas sociales que impulsa empiezan a tener un efecto en el consumo, aunque falta todavía que el capital interno empiece a participar por completo.
No se puede culpar de exceso de prudencia a nadie, la realidad es que los cambios desde el momento posterior a la elección de julio pasado arrancaron a una velocidad difícil de asimilar, con un estilo diametralmente distinto al sexenio anterior y con una ruptura de reglas escritas -y no- que han dividido incluso al sector industrial.
Por un lado, este es un mercado potencial de 125 millones de personas, y contando, que no alcanza a mantener un consumo sostenido del 20%, en el mejor de los indicadores; lo que hizo imposible desarrollar una base interna sólida que pudiera proteger a la economía mexicana de cualquier efecto exterior adverso.
Como muy pocas naciones, todavía gozamos de un bono demográfico relevante que está por terminar y con un sureste rico en recursos naturales que ha vivido en el atraso durante al menos cinco décadas, que además cuenta con la longitud ideal para una nueva vía de transporte y logística -el anunciado canal interoceánico-, codiciada internacionalmente desde la época del presidente Benito Juárez.
Son proyectos enormes que la iniciativa privada hará bien en no dejar pasar, pero que obliga de la misma manera al gobierno federal a producir los incentivos y las condiciones que den certidumbre a inversión que puede trascender uno o hasta dos sexenios más.
Y ahí, en el terreno en donde se mezcla la economía con la política, está el riesgo. Durante muchos sexenios, las y los empresarios del país encontraron una manera de dialogar con el poder político, a pesar de que las bases del entendimiento siempre fueron desventajosas para garantizar reglas claras, simples, y un Estado de Derecho que procurara justicia para todos.
Ahora, como si de aprender un nuevo idioma se tratara, quienes invierten en México están comprendiendo los objetivos de un nuevo gobierno, el cual tiene planes sin precedente para la infraestructura, el desarrollo social y la redistribución de la riqueza, que por el bien de todos (valga la expresión) sean positivos para todos nosotros.
Nota del editor: Líder de la sociedad civil y empresario. Durante ocho años encabezó el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y presidió la Red Nacional de Consejos Ciudadanos A.C. Es miembro numerario de la Legión de Honor Nacional de México. Cuenta con cuatro doctorados Honoris Causa por su trayectoria como líder de la sociedad civil en México. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.