¿Dónde queda la política climática? La Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética poco a poco se van olvidado, dejan de ser instrumentos transversales. Una política pública complementaria es necesaria, con programas y acciones que contrarresten las externalidades negativas de la inversión pública en Pemex. Más allá del crecimiento económico no se pueden ignorar los costos sociales y ambientales de promover una sociedad que funciona a base de combustibles fósiles.
Es cierto, las finanzas públicas en México aún tienen una gran dependencia al petróleo y por ello se necesita pensar y estructurar un plan no sólo para impulsar la transición energética sino para caminar hacia unas finanzas públicas cero emisiones. Aunque parezca una utopía, esto será el reto en los próximos años. El petróleo tiene que reducir su protagonismo. No es un reto nuevo, pero se ha ignorado y las presiones van en aumento. Ya no sólo es un tema de económico sino de los costos sociales y ambientales que no se integran en el análisis de los beneficios del rescate de la industria petrolera.
Existen muchas acciones que se pueden impulsar para apoyar la transformación energética de México. Por ejemplo, la publicación de una Estrategia Nacional de Electromovilidad será una acción clave que busque preparar al país para reducir la dependencia de gasolina. Siendo que el transporte es el responsable del mayor consumo de combustibles fósiles y generación de emisiones, la transformación de este sector promoviendo el transporte público, disminuir el uso privado de automóviles y la electrificación del sector, tiene que ser también una prioridad.
La mala calidad del aire consecuencia del uso de combustibles fósiles en las ciudades mexicanas, no puede ser un costo a pagar a cambio del crecimiento económico
