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2020: La nueva política energética que mata a la política climática

Destinar 86,000 millones de pesos a fortalecer la producción petrolera del país resta recursos para impulsar la transición energética, dice Aleithya Morales.
sáb 14 septiembre 2019 07:00 AM
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La publicación de una Estrategia Nacional de Electromovilidad, promoviendo el transporte público, será una acción clave.

(Expansión) - En estos recientes días el Primer Informe de Gobierno y la presentación de la propuesta del Paquete Económico 2020 reafirman las prioridades del gobierno al opacar la política climática.

Destinar 86,000 millones de pesos a fortalecer la producción petrolera del país resta recursos para impulsar la transición energética, y en este contexto urge comenzar a activar una política energética alineada a una estrategia que entienda la emergencia climática. La nueva política energética es muy clara.

No sólo en temas de presupuesto, sino también en objetivos y logros, la prioridad para la 4T no es la atención al cambio climático

En el Anexo 16 del Paquete Económico, donde se presentan los Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, a pesar de que se propone un aumento de 42% en este rubro, el mayor beneficiado es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el 73% de los recursos incluyendo el Servicio de transporte de gas natural.

Especial: Presupuesto 2020

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¿Dónde queda la política climática? La Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética poco a poco se van olvidado, dejan de ser instrumentos transversales. Una política pública complementaria es necesaria, con programas y acciones que contrarresten las externalidades negativas de la inversión pública en Pemex. Más allá del crecimiento económico no se pueden ignorar los costos sociales y ambientales de promover una sociedad que funciona a base de combustibles fósiles.

Es cierto, las finanzas públicas en México aún tienen una gran dependencia al petróleo y por ello se necesita pensar y estructurar un plan no sólo para impulsar la transición energética sino para caminar hacia unas finanzas públicas cero emisiones. Aunque parezca una utopía, esto será el reto en los próximos años. El petróleo tiene que reducir su protagonismo. No es un reto nuevo, pero se ha ignorado y las presiones van en aumento. Ya no sólo es un tema de económico sino de los costos sociales y ambientales que no se integran en el análisis de los beneficios del rescate de la industria petrolera.

Existen muchas acciones que se pueden impulsar para apoyar la transformación energética de México. Por ejemplo, la publicación de una Estrategia Nacional de Electromovilidad será una acción clave que busque preparar al país para reducir la dependencia de gasolina. Siendo que el transporte es el responsable del mayor consumo de combustibles fósiles y generación de emisiones, la transformación de este sector promoviendo el transporte público, disminuir el uso privado de automóviles y la electrificación del sector, tiene que ser también una prioridad.

La mala calidad del aire consecuencia del uso de combustibles fósiles en las ciudades mexicanas, no puede ser un costo a pagar a cambio del crecimiento económico

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Hay grandes retos en el contexto actual pero es importante que el presupuesto para el año 2020, más allá de consolidar la nueva política energética, se use para una política climática de gran alcance con visión en el corto, mediano y largo plazo. La vulnerabilidad del país ante el cambio climático no desaparece con solo quitar el Fondo de Desastres Naturales, se necesita fortalecer este tipo de instrumentos hacia el futuro. Las prioridades energéticas no pueden opacar la política climática.

El próximo 20 de septiembre se realizará una movilización global por la emergencia climática. Este movimiento es parte de los Fridays for Future, movimientos que comenzaron cada viernes por Greta Thunberg quién con sólo 16 años reconoció la necesidad de hacer un llamado a los actores internacionales para generar acciones más eficientes de combate al cambio climático.

En México, este movimiento no ha tomado la fuerza necesaria pero se espera que poco a poco la sociedad también comience a exigir cambios en la agenda pública actual. Los ciudadanos son clave para visibilizar esta preocupación e interés en equilibrar las prioridades. Los compromisos internacionales, como lo es el Acuerdo de París, no pueden ser ignorados. México tiene una responsabilidad con sus ciudadanos de generar las acciones necesarias para reducir las emisiones y con ello realmente mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Nota del editor: Aleithya Morales es especialista en política energética de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, síguela en su cuenta de Twitter. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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