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La rentabilidad de la corrupción

Tarde o temprano, el Estado Mexicano deberá instrumentar a fondo una reforma fiscal que incluya los tres rubros de las finanzas públicas, ingreso, gasto y deuda, opina Gabriel Pérez del Peral.
vie 20 septiembre 2019 10:30 AM

(Expansión) – El domingo 8 de septiembre el gobierno federal envió al Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020. Dicha propuesta de presupuesto incluye un gasto neto total de 6.1 billones de pesos, que se subdivide en 1.7 billones de pesos de gasto no programable (servicio de la deuda, participaciones, adeudos de ejercicios anteriores, y apoyo a deudores de la banca) y 4.4 billones de gasto programable.

Este último está compuesto por un gasto corriente (sueldos y salarios) de 3.6 billones de pesos, y de 759,868 millones de pesos de gasto de inversión (proyectos productivos). Los 6.1 billones de pesos solicitados a la Cámara de Diputados, representan un incremento en términos reales de 0.8% respecto a 2019.

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Desde su campaña el actual presidente de México ha manifestado su compromiso de acabar con la corrupción, fenómeno que históricamente se encuentra enraizado en nuestro país y que le quita mucho margen de maniobra al ejercicio de los recursos presupuestales.

México y la corrupción | #QueAlguienMeExplique

Por otro lado, la Auditoria Superior de la Federación informa que una vez que se apruebe el Tratado Comercial México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC), el capítulo anticorrupción obligará a las autoridades mexicanas a poner en marcha una auditoría más especializada, la cual se realizará a través del diseño de algoritmos para detectar redes de corrupción en la adjudicación de contratos.

Ante este flagelo que azota a nuestro país, es necesario revisar la situación que guarda a nivel internacional el fenómeno de la corrupción.

En una investigación sobre prácticas de fraude de empresas a nivel global, de la empresa de servicios profesionales Ernst and Young, se encontró que 39% de los negocios mencionaron que la corrupción es común en los países en los que operan, y que las estructuras corporativas son más susceptibles a corromperse cuando los mercados están a la baja.

De las empresas encuestadas, el 15% afirmó que los pagos en efectivo para obtener contratos se justifican si ayudan a las compañías a sobrevivir cuando los tiempos son difíciles; adicionalmente, una de cada 20 afirmó que se justifica falsear información sobre su comportamiento financiero.

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El soborno sería un proceso menos problemático si no fuese una inversión tan rentable. Un artículo escrito por Raghavendra Rau de la Universidad de Cambridge, y Yan Leung Cheung y Aris Stouraitis de la Universidad Bautista de Hong Kong, analizó 166 casos de sobornos realizados por empresas de alto perfil desde 1971, incluyendo pagos realizados en 52 países, por compañías listadas en 20 diferentes bolsas de valores.

Uno de los resultados del artículo es que el soborno genera un rendimiento promedio de 10 a 11 veces del valor del pago para poder adjudicarse un contrato. Lo anterior, medido por el salto que da el valor de las acciones en el mercado de valores, una vez que se conoce que la empresa ganó el contrato. El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró rendimientos similares en casos sujetos a investigación, refirió The Economist.

La rentabilidad de los sobornos depende de qué tanto los funcionarios responsables de adjudicar los contratos tengan aceitadas las palmas de las manos. Los autores encontraron que los funcionarios públicos de más alto nivel reciben mayores sobornos, no sólo en términos de efectivo, sino también como proporción del valor de los contratos que adjudican. Por lo menos, éstos reciben el 4.7% del valor de los contratos comparado con “sólo” el 1.2% de los funcionarios públicos de menor nivel.

La investigación citada también encontró que los funcionarios de alto rango obtienen beneficios adicionales de la corrupción. En la mayoría de los casos se llevan el 50% de los rendimientos de los contratos que autorizan; sus subordinados reciben “únicamente” el 20% del valor.

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Los autores mostraron que el tamaño de los sobornos también está determinado por el entramado institucional prevaleciente en cada país. Los sobornos en efectivo son mayores en países pobres, con fuerzas armadas más grandes y mayor número de aduanas. La investigación encontró, con un nivel de significancia importante, que este tipo de países tienen instituciones más vulnerables y funcionarios públicos menos supervisados y auditados.

Los sobornos pagados son mayores, tanto en efectivo como en proporción del valor del proyecto, cuando en el país hay menos medios de comunicación, específicamente, menos periódicos en circulación.

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No todo el dinero sucio genera los mismos niveles de rentabilidad. Los investigadores hallaron que compañías con un mejor comportamiento financiero se desempeñan mejor, y obtienen mayor rentabilidad por los sobornos que pagan.

También encontraron que el rendimiento es mayor cuando los pagos están más controlados por el director responsable, ello debido a que el mayor escrutinio impide la entrada al mercado de sobornos, a otras empresas.

La actual administración ha manifestado, después de la entrega del paquete presupuestario para 2020, que la austeridad y el combate a la corrupción serán fuentes, que fortalecerán el fondeo del PEF del siguiente año.

Es importante subrayar que vale la pena tomar en cuenta los resultados de la investigación citada, en el diseño de los algoritmos para detectar redes de corrupción en las auditorias que realizará la Auditoría Superior de la Federación ante la inminencia de la aprobación del T-MEC.

Tarde o temprano, el Estado Mexicano deberá instrumentar a fondo una reforma fiscal que incluya los tres rubros de las finanzas públicas, ingreso, gasto y deuda. Esto es, y haciendo un símil hidráulico, no basta con aumentar la presión del agua (incremento de la recaudación tributaria) en una manguera, hay que repararla o si es necesario cambiarla, ya que está llena de agujeros, por donde se escapa el líquido vital.

Nota del editor: Gabriel Pérez del Peral es profesor Investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Síguelo en Twitter como @gperezdelperal. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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