El plan energético debe divorciarse de las metas sexenales

El mercado mexicano energético hoy tiene la oportunidad para atraer capitales de inversión; por décadas dependíamos del plan del gasto a realizar en las dos empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE.

La nueva administración tiene la oportunidad de trascender y dejar un plan de largo plazo que nunca hemos tenido; para tener una autosuficiencia energética y dejar de depender de la geopolítica mundial variante, pues en algunos casos somos vulnerables, como actualmente ocurre con el tratado de libre comercio T-MEC.

El plan que deberá realizar en conjunto con el poder Ejecutivo, Legislativo, la iniciativa privada, instituciones educativas y la sociedad tendrá que estar fundamentado en una lógica inicial de qué tenemos actualmente en materia energética y qué debemos cubrir a mediano y largo plazo de acuerdo al crecimiento económico deseado fundamentado en la necesidad del mercado interno, identificado cada uno de los objetivos, estableciendo metas específicas alcanzables y ligadas al monto de inversión requerido en cada una de ellas.

Cada meta establecida no deberá ser modificada por cada administración futura, eliminando la política energética sexenal y transformándola para la nación. El plan tendría que convertirse en una ley; como el realizado en 1973 por EU que después de más de 45 años ha logrado autosuficiencia energética e influir en el mercado internacional.

Al tener un plan energético obtendríamos:

· Reducción del riesgo en la inversión pública en el rubro energético al determinar qué proyecto generaría un mayor valor agregado a la nación por medio de las empresas productivas del Estado, eliminando con esto el estrés operativo y financiero que tienen Pemex y CFE hoy día.

· Certeza para la inversión privada con base al volumen y monto de dinero que requiere el mercado interno para poder cubrir cada meta establecida en un largo plazo.

· Incremento de inversión directa extranjera para poder dar un crecimiento en la actividad secundaria (nuevos negocios) con base a una explotación objetiva en la actividad primaria (recursos naturales) y que ello lleve a que las empresas en la actividad terciaria (servicio) extiendan sus ofertas dentro de la economía, y por ende, al realizar lo anterior, el PIB se amplíe por arriba del 2%.

· Incremento del poder adquisitivo de la sociedad al generar trabajos de mano de obra calificada y bien remunerada.

· Reducción de la corrupción al no depender de que todas las licitaciones y obras dentro del mercado energético continúen realizándose por las empresas productivas del Estado.

· Incremento en la recaudación de impuestos al tener un mayor número de empresas establecidas en el mercado que crean negocios, empleos y cubren la necesidad que la inversión publica no puede realizar.

· Eliminar el control del flujo de efectivo circulante por parte de cada administración por medio del presupuesto con base a la recaudación para poder bajar el recurso en cada proyecto de inversión, el cual siempre llega desfasado y tarde.

· Autosuficiencia energética que conlleve a reducir la codependencia actual de mercados internacionales para tener materia prima, derivados o tecnología para el desarrollo del mercado interno.

La reforma energética no es el plan, es la herramienta para realizar un objetivo común de largo plazo no acotado a una política de sexenio y que no tendría continuidad.

Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en Twitter como @economiaoil . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión