(Expansión) – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó las cifras de finanzas y deuda pública al cierre de agosto 2020. Dentro de la información presentada, se incluye evidencia sobre el desempeño de los ingresos y los gastos públicos en los primeros 8 meses de 2020, y el impacto de la pandemia sobre éstos.
Además, deja claras las prioridades del gobierno, y contextualiza los cambios y ajustes hechos a raíz de la crisis económica que actualmente se desenvuelve.
Entre enero y agosto, los ingresos públicos presupuestarios – que incluyen ingresos petroleros, ingresos por recaudación de impuestos (tributarios) e ingresos de las empresas productivas del estado, entre otros conceptos – tuvieron una caída considerable al comparar con el mismo periodo de 2019: año con año, el dinero disponible disminuyó (-)2.3%.
Además, los ingresos públicos fueron (-)4.8% menores a los que el gobierno tenía programados para el periodo. En particular, los ingresos petroleros sufrieron una fuerte contracción imprevista, consecuencia del episodio de bajísima demanda global y precios del barril de crudo que pisaron terreno negativo.
También hubo cambios en la recaudación tributaria: los ingresos por IVA fueron (-)5.3% menores a los programados, y lo recaudado por IEPS fue (-)12.2% menor a lo esperado, ambos consecuencia de la caída en los ingresos y el consumo de la población del país.
En la contraparte, el gasto público en los primeros 8 meses de 2020 fue (-)6.5% menor al programado para el periodo. Hubo subejercicios notables en ramos como el de Presidencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde el gasto entre enero y agosto fue (-)77% y (-)13.4% más bajo que lo que se había contemplado en el Presupuesto.
En el rubro de salud, el gasto destinado a la Secretaría de Salud, de la cual depende la Dirección General de Epidemiología, fue 2.3% mayor al que se tenía contemplado; sin embargo, el IMSS y el ISSTE registraron un subejercicio de (-)2.5% y (-)4.1% respectivamente. Algunos subejercicios adicionales relevantes son el de educación pública, de (-)3.4%, así como el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de (-)2.2%.
Es importante recalcar que el gasto del gobierno representa un estímulo directo a la actividad económica, y debe dirigirse a rubros prioritarios acorde al escenario de profunda incertidumbre por el que atraviesa el país.
A pesar de la necesidad de un gasto que estimule la provisión de servicios de salud, la transición del sistema educativo a una modalidad remota, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología que contribuya a la recuperación social y económica del país, las finanzas públicas a agosto demuestran que el gobierno ha sufrido serios desajustes en sus gastos e ingresos programados.
Es en este contexto que La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que elimina o modifica la operación de 109 fideicomisos, bajo el argumento de que “el país dispondrá de más recursos para continuar con las acciones y programas sociales y proyectos prioritarios […], así como orientar recursos adicionales para la atención de la pandemia y la recuperación económica del país”.
En la lista de fideicomisos afectados por el dictamen, están instituciones que se dedican a atender rubros como ciencia, tecnología, educación y derechos humanos, y en los que el gobierno ha recortado el gasto, o sub-ejercido el asignado, hasta ahora.
La fuerte presión presupuestaria que enfrentan las instituciones -tanto público como privadas- inhibe el potencial de crecimiento y desarrollo que el país necesitará para superar los efectos de la pandemia de COVID-19.
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