De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, este año se pretende atender a la población afectada en tres etapas. Primero, proteger la vida con refugios y alimentos a través de los planes de la marina y el ejército. Segundo, dar transferencias monetarias a viviendas dañadas. Tercero, desarrollar un plan integral interinstitucional, en colaboración con los gobiernos locales, para atender las causas y evitar que la crisis se repita.
Hasta aquí, todo parece estar bajo control para dar respuesta a uno de los desastres de 2020. Sin embargo, ¿qué pasará en esas entidades el próximo año? ¿Qué pasará si en vez de huracanes y lluvias, nos sorprende un temblor en la costa del Pacífico?
Al desaparecer el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), se acabó con un mecanismo institucionalizado para reaccionar ante este tipo de desastres. ¿El Fonden era perfecto? No. La Auditoría Superior de la Federación y otras organizaciones habían hecho llamados por falta de transparencia. Sin embargo, hoy no hay una alternativa con visión de largo plazo, reglas claras y candados de transparencia para reaccionar y enviar recursos a las entidades.
Algo similar sucede con la atención de enfermedades crónicas o que requieren tratamientos costosos como cáncer, enfermedades cardiovasculares o VIH-sida. Aunque el perfil epidemiológico de México desde hace años está dominado por este tipo de padecimientos, no hay claridad de cómo se financiarán.
En principio, aquellos pacientes sin seguridad social tienen acceso al tratamiento de enfermedades catastróficas por el Fondo de Salud para el Bienestar. Sin embargo, hace unas semanas, le quitaron 33,000 millones de pesos considerados como remanentes bajo la justificación de que servirían para enfrentar la pandemia.
