En otra carta del 30 de octubre , el senador Ron Wyden, líder de la bancada demócrata en el Comité de Finanzas de la Cámara de Senadores, reclamó al presidente Trump la falta de acciones y sanciones en contra de México por violar las obligaciones laborales asumidas en el T-MEC —sin especificar cuáles—, no obstante los daños ocasionados a los trabajadores, productores y consumidores de los Estados Unidos.
Un reporte del 2 de noviembre de 2020 de los congresistas demócratas en el Ways and Means Committee de la Cámara de Representantes, calificó como inadecuados los esfuerzos de Donald Trump para implementar el T-MEC en materia laboral. En él se plantearon, además, “graves preocupaciones” por la demora en el monitoreo de trabajos forzados en la zona de libre comercio, la insuficiente aplicación de recursos públicos estadounidenses para apoyar las reformas legales y la tardanza en proteger los derechos de los trabajadores en México. Los congresistas denunciaron, con severidad, que los líderes sindicales y abogados que intentan ejercer estos derechos enfrentan violencia y detenciones.
El 15 de diciembre, un informe preliminar de la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, creado exprofeso por el congreso de los Estados Unidos para supervisar el cumplimento del T-MEC, expresó “serias preocupaciones” sobre la aplicación de la legislación vigente. El informe destacó la proliferación de contratos colectivos simulados, la demora en la creación de tribunales locales y el rezago estructural en los salarios —apenas el 10 % de los pagados en aquel país—. La Junta cuestionó la utilización abusiva e ilegal de la subcontratación laboral (outsourcing) como mecanismo para anular derechos de los trabajadores.
Los mensajes del congreso de los Estados Unidos a AMLO son claros: México tiene que respetar los compromisos establecidos en el T-MEC. El gobierno mexicano no puede operar en la paradoja de tomar las ventajas del tratado para recibir mayores inversiones y crecer el empleo en su territorio, pero sin cumplir con las obligaciones contraídas específicamente en el ámbito laboral.
Para el gobierno de los Estados Unidos el tema es prioritario. Desde las etapas iniciales de las negociaciones del T-MEC, se dijo que el anterior tratado de libre comercio —conocido como TLCAN — no niveló el terreno competitivo entre los tres países, debido, entre otros factores, a los bajos salarios en México, la corrupción sindical y la violación sistemática de derechos de los trabajadores. En palabras de Trump, el anterior tratado fue una pesadilla .
El capítulo 23 del T-MEC regula en forma detallada la materia laboral. Fue firmado, en una primera versión, el 30 de noviembre de 2018. El senado mexicano y el parlamento canadiense lo ratificaron en junio de 2019. En el congreso americano, sin embargo, la aprobación se entrampó desde un inicio. Nancy Pelosi, líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, objetó el acuerdo porque las disposiciones resultaban insuficientes respecto de la libertad de afiliación y transparencia de los sindicatos, y la protección efectiva de los trabajadores.
Sin el respaldo del partido Demócrata, el tratado no habría salido adelante. Después de reabrir negociaciones, se modificaron diversos artículos y añadieron dos anexos que regulan un procedimiento expedito para que, en caso de violaciones al T-MEC, los Estados Unidos y Canadá impongan tarifas o sanciones o, incluso, prohíban las importaciones de empresas mexicanas. El senado de México y el congreso estadounidense ratificaron el nuevo texto en diciembre de 2019, y el parlamento canadiense en marzo de 2020.
La importancia del asunto para el Congreso de los Estados Unidos se refleja en la autorización de un financiamiento de 210 millones de dólares y la adscripción de cinco inspectores americanos en su Embajada en México, para apuntalar los avances de la reforma laboral y fortalecer los derechos de los trabajadores. Sería inconveniente que el gobierno y las empresas mexicanas soslayaran estas señales.
