El incremento de la pobreza laboral en el país se suma a otros efectos ocasionados por la crisis: la caída en producción, la pérdida de empleos y la caída en los ingresos de la población, por nombrar algunos. Sin embargo, a diferencia de otras consecuencias de la crisis, el problema de la pobreza es mucho más complicado de resolver.
Mientras que en términos de producción y número de empleos la recuperación se puede alcanzar conforme la economía reabre y se repone gradualmente, reducir los niveles de pobreza laboral presenta un reto mayor. Para hacerlo, no sólo es necesario recuperar los empleos, también se debe lograr una recuperación de los ingresos que los trabajadores percibían como producto de sus ocupaciones, y generar recursos suficientes para compensar el crecimiento de la población del país.
Históricamente, esto ha representado un desafío para México: después de la crisis financiera global de 2008, la pobreza laboral tuvo un incremento notable y, a más de 10 años del suceso, la pobreza laboral en el país no ha logrado regresar a los niveles que tenía antes de aquella crisis.
Además de presentar un problema en términos inmediatos para la población del país (que 4 de cada 10 mexicanos no hayan tenido recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias representa una incapacidad del país y su sector público para garantizar un buen nivel de vida a todos los ciudadanos), altos niveles de pobreza generan otros problemas para los habitantes más marginados.
Vivir en una situación de pobreza laboral no sólo implica una incapacidad económica para adquirir alimentos y bebidas para una familia, sino que supone también un menor acceso a derechos y peores condiciones de vida, con menor acceso a educación, a servicios de salud y a espacios adecuados de vivienda.
Los rezagos generados por la pobreza en el acceso a educación para la población son preocupantes: como resultado de ingresos bajos e infraestructura insuficiente, entre otros factores, los estados con mayores niveles de pobreza laboral (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) también tienen rezagos educativos más notorios, y entre 20% y 30% de la población de esas regiones no cuenta con una educación básica.
