La mitad de las playas del mundo están en riesgo de desaparecer para 2100
Biden incita a los reguladores del mercado financiero estadounidense a evaluar el riesgo financiero derivado de la crisis climática en sus efectos sobre la estabilidad del gobierno federal estadounidense y en 180 días a partir de la publicación de la orden deberán presentar un informe de medidas que ayuden a aumentar la resiliencia ante esos riesgos, incluyendo una serie de mecanismos, como mejorar la información sobre riesgos climáticos en los reportes financieros.
La orden también aborda la cuestión de los fondos de pensiones, que mueven millones de dólares de los trabajadores, para que los reguladores les exijan que tomen en cuenta criterios ESG al decidir sobre su portafolio de inversión, para proteger así los fondos de retiro de los trabajadores de los riesgos climáticos, pero también abre la puerta a que millones de dólares fluyan del mercado financiero tradicional al sostenible.
Todo lo anterior representa una oportunidad gigantesca para las empresas y gobierno en busca de fondos. Sin duda, la enorme relocalización de capital significará un impulso a la innovación y mejora de los productos financieros sostenibles, como los bonos verdes y los bonos ligados a la sostenibilidad.
México y Latinoamérica deberán aumentar sus esfuerzas para seguirle el ritmo a Europa y Estados Unidos o arriesgarse, como Biden no quiso a hacerlo, a quedar rezagados en lo que sin duda serán las reglas del juego del mercado de las siguientes décadas.
Nota del editor: María Sabine Santana es economista por El Colegio de México e investigadora en ESG Latam. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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