(Expansión) - El México post COVID-19 de 2021 no es el mismo de aquél que teníamos en 1981, pero los impuestos que aplica a las bebidas alcohólicas no han cambiado. La economía mexicana es radicalmente más compleja que entonces, más abierta y diversificada. Lo mismo se puede decir de la economía global.
También la sociedad es muy distinta en todos sentidos, los grupos poblacionales han cambiado, ahora hay muchos más jóvenes que entonces y desgarradoramente también más pobres.
Pero, como sucede en muchos casos, a los gobiernos les cuesta adaptarse a lo nuevo. El gobierno mexicano no está actualizándose al ritmo del cambio económico y social. Tiene que repensar las potestades fiscales, especialmente en un entorno post pandémico, como el que vivimos.
Tomemos el ejemplo de los impuestos a los llamados “pecados” o adicciones. En México se denominan Impuestos Especiales de Producción y Servicios o IEPS, en el mundo, Excise Taxes (del verbo excise, o deshacerse de algo). ¡Desde 1981 no han cambiado las tasas de impuesto a los distintos tipos de bebidas alcohólicas! La tasa en 40 años ha variado entre 50 y 53% en las de alto contenido de alcohol llamados también destilados, entre 19 y 30% en aquellos fermentados de uva y entre 25 y 26.50% en las fermentadas como la cerveza.
Todo cambió, menos la política tributaria aplicable a las bebidas con algún contenido alcohólico. Sin embargo, los impactos son brutales. En la parte económica, la industria ha crecido ininterrumpidamente y el consumo tanto de productos hechos en México como importados no ha dejado de crecer.
Vender destilados o fermentados es un buen negocio, independientemente de la marca, calidad o cantidad. Con las políticas tributarias y las públicas que tenemos, no es un buen negocio para el gobierno o la sociedad, en especial, para la salud pública.
Desde luego, el dinamismo de la industria atrae inversión, genera puestos de trabajo de manera directa e indirecta, en suma, genera crecimiento y por qué no, desarrollo económico. Pero también produce graves desequilibrios fiscales, impactos negativos en la sociedad, en la economía y, especialmente, en la salud.
Después de que elaboré un estudio en el 2018 sobre estos temas supuse que algunas cosas cambiarían para bien, pero después de que recién terminé un nuevo estudio sobre el impacto en la salud y las finanzas públicas del consumo de bebidas alcohólicas, confirmé que las cosas han empeorado.
En efecto, la industria va bien, resistió muy bien el impacto de la pandemia COVID-19 y el deterioro económico, en parte porque son bienes cuyo consumo varía poco y en parte porque el aislamiento no produjo, como lo podríamos haber previsto intuitivamente, personas más preocupadas por su salud.
La pandemia aceleró las adicciones en todos los frentes y el consumo de bebidas alcohólicas no es una excepción. Durante el 2020 las mujeres tomaron más que los hombres. Mientras que los hombres redujeron el consumo diario a menos de la mitad, las mujeres lo duplicaron. El consumo semanal y mensual aumenta en ambos géneros, pero el aumento en las mujeres en ambos rubros se duplica en el primer caso (semanal) y en el segundo caso (mensual) más que se duplica (de 1.9 a 4.4%).
En México, la cirrosis hepática por consumo de bebidas alcohólicas ya figura en el 6º lugar de un total de 10, algo muy distinto a lo que sucede en Colombia, donde la misma tiene el lugar 34 o en Brasil, donde es la causa 17 (el promedio en la región latinoamericana es de 14).
México destaca no sólo en la región geográfica y el continente a la que pertenece sino en el mundo por tener una gran diferencia cuando se comparan consumo y muerte por la ingesta de bebidas alcohólicas. En cifras nacionales, hay un consumo muy bajo, pero en muertes es alto. Es decir, la letalidad de los que consumen es muy potente y esto es porque nuestro consumo es explosivo, es decir bebemos mucho en poco tiempo.
Mientras que en países desarrollados y otros países con las características socioeconómicas parecidas a las nuestras las personas beben espaciadamente, en México lo hacemos exageradamente y en una sola sesión de apenas unas horas. Esto se acelera cuando uno amplía la mirada al interior de México. En los estados del norte, en los estados donde la gente tiene una condición económica más favorable, hay menos muertes. En el sur y especialmente en los estados donde hay mayor desigualdad y pobreza, hay muchas más muertes.
Tenemos la posibilidad de solucionar esto. Si cambiamos 40 años de una política tributaria totalmente obsoleta que aplica a las bebidas con contenido alcohólico, podemos reducir las muertes, y especialmente las muertes entre los más pobres donde, por cierto, viven en un entorno donde la presencia del gobierno y los servicios de salud son ausentes o muy deficientes.
Esto implica movernos de cobrar impuestos a partir de una tasa fija sobre el precio final a uno que grave o cobre el impuesto basado en el contenido de alcohol. Es decir pasaríamos de cobrar impuestos y con ello desincentivar el consumo explosivo de un producto nocivo para la salud con base en qué precio tiene por uno que tenga como base desincentivar el potencial de letalidad que tiene. Esto quiere decir, en términos técnicos, pasar de un impuesto ad valorem puro a un ad quantum. En lugar del precio lo que cuenta es la cantidad.
Es urgente repensar los impuestos a las bebidas alcohólicas. No sólo porque estamos permitiendo como país que las personas puedan comprar alcohol a veces hasta más barato que el agua embotellada, sino porque son precisamente los jóvenes e infantes que están muriendo por el consumo de dichos productos.
Supuse que en mi estudio del 2018 este dato se iba a quedar así, pero en la revisión de las últimas cifras de la Secretaría de Salud pude advertir que, en muchos grupos de población de menores de edad, las muertes se duplicaron y más que duplicaron. Al revisar los precios mínimos de las bebidas de distinto tipo supe que la hipótesis de que bebidas alcohólicas extremadamente baratas son un caldo de cultivo para los resultados que tenemos podría confirmarse.
Los precios de litros de bebidas destiladas iguales o cercanas a un contenido de 40 grados de alcohol son un escándalo al poderse comprar por poco más de 20 pesos. Los precios en diversos productos, aunque de mejor “letalidad” por tener menos contenido de alcohol, también son muy bajos.
No hay otra manera de cambiar esto más que cambiando el diseño o cálculo de cómo se aplica el impuesto. Esto es un buen negocio para el gobierno, para la sociedad y para la salud pública y puede seguir siendo un buen negocio para la industria. Es un peligroso mito argumentar que no hay una fórmula en la que todos ganen.
Desde luego, los impuestos no son una “varita mágica” para males individuales y sociales. La introducción de un nuevo impuesto debe de considerar, al menos, el costo del sector salud en tratar el abuso del consumo, la regulación de su producción, distribución y venta a nivel local y estatal y medidas preventivas, por supuesto.
Se trata de tener más gobierno recaudando más y mejor, pero también más presencia en cuidar la salud pública. Esto no se resuelve con eficiencia recaudatoria o vía miscelánea fiscal y tampoco se trata de un aumento, como tal de impuestos. Se trata de una política tributaria inteligente, ambiciosa y de largo plazo. Esperemos que México pase del siglo XX al XXI pronto.
Nota del editor: Gabriel Farfán Mares es Presidente y Director General de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública, Ciudad de México y ex Director General Adjunto en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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