La verdad, para quien pueda seguir lo que hemos escrito en los últimos 12 meses y medio en estos y otros medios de comunicación, no nos sorprende porque simplemente confirma todo lo que hemos dicho. Si bien la venta política y popular se entiende, el trasfondo confirma lo señalado sobre los paralelismos entre las políticas echeverristas y las actuales. También llama fuertemente la atención lo que hace años hemos acuñado como “Energía Social”, pero no, no es lo mismo.
La competitividad y progreso de un país no se subsidia con dinero fácil, de la misma forma que los estudios y la capacidad intelectual no se pueden comprar en los centros comerciales.
Los precios de diversos insumos están sujetos irremediablemente a la ley de la oferta y la demanda, la cual es condimentada con elementos internos y externos como lo pueden ser restricciones de importación, facilidad de acceso, demanda internacional, barreras comerciales, y muchas otras. Los “otros datos” ahí no funcionan.
Es claro que las empresas buscan tener un lucro y, sin entrar a discusión sobre los márgenes que éste debe tener (materia de la doctrina de Economía del Bien Común, de Jean Tirole), también es obvio que las empresas creadoras de empleos y generadoras de impuestos deben tener un margen de utilidad.
Esto inclusive Pemex lo debe cumplir al ser una empresa productiva del Estado, lo cual le impone el dar valor económico y rentabilidad al Estado mexicano.
La primera pregunta que surge con esas dos empresas es, ¿al ofrecer sus productos tendrán utilidad, o simplemente serán empresas subsidiadas donde el escaso dinero post-pandemia sea derrochado para dar una sensación insostenible de bienestar a la población con precios bajos de estos insumos? Al repartir bienes que siempre han dicho son de los mexicanos, ¿caen en lo que Hugo Mattei denomina el “paradigma dominical del Estado asistencial?
De ser así, ¿incumplirá Pemex con su función de dar valor económico y rentabilidad al Estado mexicano consagrado en el Artículo 4 de la Ley de Pemex?
Y esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿al ofrecer precios más bajos del mercado, nivelando las reglas de oferta y demanda con subsidios, estarán compitiendo de manera desleal con las empresas privadas que han sufrido una parálisis regulatoria y judicialización de sus operaciones por decisiones sexenales y reformas inconstitucionales, y que no pueden ofrecer subsidios como sí lo puede hacer un Estado paternalista?
Si esto es verdad, la tercera pregunta es, ¿no acaso los subsidios están prohibidos en los tratados internacionales, al incumplir con principios consagrados en dichos instrumentos y cuyo rango jurídico es igual al de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a su Artículo 133?
Esto podrá considerarse una competencia desleal y no serán pocos los tratados bilaterales de protección a las inversiones que puedan ser detonados. En la medida que esa competencia tenga un territorio de distribución definido, la pugna será directa.
En el caso de empresas mexicanas (que no sean sujetos de dichos tratados), ¿veremos nuevamente la judicialización y acciones en materia de prácticas monopólicas?, ¿hasta dónde o hasta cuándo… cuando el mercado sea destrozado dejando al usuario final al arbitrio de monopolios soberanamente ineficientes?
¿Quién será el usuario final beneficiado… los que tengan acceso político electoral a esas instalaciones o la población general?, ¿el bienestar será para quién?
Si no hay lucro, ¿la ganancia es solamente política con cargo y factura a las inversiones privadas?
Hoy son más las preguntas que las respuestas.
