En vez de “soberanía” y “autosuficiencia”, con la contrarreforma se multiplicarían las pérdidas para el Estado mexicano, al liquidar la parte rentable de la CFE y dar salvoconducto a la continuidad de sus ineficiencias, costos hundidos y obsolescencias. En la práctica, hoy ocurre lo opuesto a la acusación de que los generadores privados son subsidiados por el Gobierno. Gracias a las subastas, ha asegurado energía a 20 dólares el MwH que puede vender en 100. Así, la única subsidiaria con ganancias sostenidas es Generación V, que compra a Productores Independientes.
Las centrales hidroeléctricas y las más modernas de ciclo combinado de la CFE trabajan con un costo de mínimo unos 1,200 pesos por MwH. En cambio, el de fotovoltaicas y eólicas privadas no llega a 400. Sin embargo, las termoeléctricas más viejas y sucias de la CFE, con costos de más de 2,000 pesos por MwH, tendrían precedencia, una vez absorbido el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que actualmente compra por precio, y abolida la CRE.
Mayores costos, menos ganancias y una patada a la inversión, cuando nuestro Gobierno no tiene, ni en sueños, el capital para construir la capacidad de generación requerida por el crecimiento de la demanda. Sin contar que también hay que invertir en transmisión y otros rubros y habría que considerar las facturas multimillonarias por litigios contra la retroactividad de la nueva normativa y arbitrajes al amparo de tratados internacionales como el TMEC.
Con esos antecedentes, además de apagones, difícilmente se evitaría el alza en las tarifas eléctricas para las actividades económicas, al quedar a merced de un monopolio en tal estado de precariedad. Incluso para el consumo doméstico, una vez que los subsidios sean insostenibles.
Peor, todo ello con gravísimas consecuencias ambientales: más smog, que literalmente mata gente en nuestras ciudades, y más gases de efecto invernadero para calentar al planeta. La contrarreforma le aseguraría a México ser uno de los principales renegados climáticos; para comenzar, con el incumplimiento de los compromisos ante el Acuerdo de París.
Los Certificados de Energías Limpias (CEL) serían cancelados. Ya no habría obligación de que la CFE y grandes consumidores paguen más por usar energía sucia, con el incentivo a invertir en fuentes limpias. Adiós a nuestro mecanismo más importante para disminuir la huella nacional de carbono, sobre lo que tendremos que dar cuentas dentro de un mes en la COP26 de Glasgow. Como cereza del pastel envenenado, la cancelación podría constituir una violación al TMEC, tomada como expropiación indirecta de activos.
Por si no fuese bastante, la CFE sería la encargada de la transición energética y las actividades necesarias para realizarla. Un monumento a la contradicción: contamina más y encárgate de hacer bajar la contaminación; además, porque la transición abarca múltiples y diversas áreas que rebasan a la CFE y aun a la industria eléctrica. En el proyecto se incluye desde ciencia hasta transformación de minerales estratégicos. Así, podría abrirse un vacío legal que dé pie a restricciones arbitrarias en todo tipo de ámbitos.
