En primera instancia, destacan las campañas de descalificación y rechazo hacia las personas defensoras del medio ambiente que se han emprendido desde el Poder Ejecutivo . Esta situación promueve un ambiente hostil contra quienes luchan por proteger los recursos de las comunidades. Somos uno de los países más peligrosos para activistas ambientales. Tan solo en 2021 se registraron 25 asesinatos (35% más que en 2020) y 238 agresiones .
Según el Acuerdo, México debería comprometerse a garantizar un entorno seguro para los y las activistas ambientales: prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Pero, ¿cómo podemos esperar que esto suceda cuando el mismo Estado es quien les estigmatiza ?
En este mismo sentido, es evidente la falta de voluntad política para fortalecer el trabajo de las instituciones gubernamentales del sector ambiental. Una clara muestra de ello es la tendencia de reducción presupuestaria en este tipo de dependencias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras. Bajo esta misma línea de acción, recientemente se desapareció al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Aunque los estragos reales de esta tendencia no sean tan evidentes a simple vista, el desmantelamiento del sector ambiental tiene costos sumamente altos. Con instituciones débiles, es imposible que se pueda contar con información suficiente y actualizada sobre lo que pasa con el medio ambiente en nuestro país; menos aún, que haya procesos de participación inclusivos y que se procure justicia ambiental.
Por otra parte, tenemos el mal ejemplo del gobierno federal con el desarrollo de sus proyectos estratégicos como el Tren Maya, para el que se empezaron las obras aún sin contar con los estudios y permisos necesarios , y en el marco de una gran opacidad sobre el impacto ambiental que ocasionará la obra. Debido a esto, personas defensoras promovieron amparos para suspender las obras y el Ejecutivo respondió con un decreto para declarar ese tipo de obras como de seguridad nacional, de forma que pudieran evadir las suspensiones.
