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Nadando a contracorriente para la implementación del Acuerdo de Escazú

Con instituciones débiles, es imposible que se pueda contar con información suficiente y actualizada sobre lo que pasa con el medio ambiente en nuestro país, apuntan Néstor Genis y Rosa Castañeda.
vie 09 diciembre 2022 12:00 AM
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Para el Tren Maya se empezaron las obras aún sin contar con los estudios y permisos necesarios, y en el marco de una gran opacidad sobre el impacto ambiental que ocasionará la obra, señalan Néstor Genis y Rosa Castañeda.

(Expansión) - Estamos en una “autopista hacia el infierno climático y con el pie en el acelerador” y, aunque los gobiernos del mundo han firmado distintos acuerdos para combatir esta crisis, los compromisos se están quedando solo en papel. México no es la excepción, pues aunque forma parte del Acuerdo de Escazú , más allá del discurso diplomático que busca dejar bien parado al país, las acciones al interior no son congruentes con este objetivo.

En 2020 México ratificó este acuerdo que tiene como objetivo garantizar a la ciudadanía acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y justicia; todo ello, para los asuntos ambientales. Pero, ¿cómo pinta el panorama para su implementación?

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En primera instancia, destacan las campañas de descalificación y rechazo hacia las personas defensoras del medio ambiente que se han emprendido desde el Poder Ejecutivo . Esta situación promueve un ambiente hostil contra quienes luchan por proteger los recursos de las comunidades. Somos uno de los países más peligrosos para activistas ambientales. Tan solo en 2021 se registraron 25 asesinatos (35% más que en 2020) y 238 agresiones .

Según el Acuerdo, México debería comprometerse a garantizar un entorno seguro para los y las activistas ambientales: prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones. Pero, ¿cómo podemos esperar que esto suceda cuando el mismo Estado es quien les estigmatiza ?

En este mismo sentido, es evidente la falta de voluntad política para fortalecer el trabajo de las instituciones gubernamentales del sector ambiental. Una clara muestra de ello es la tendencia de reducción presupuestaria en este tipo de dependencias, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras. Bajo esta misma línea de acción, recientemente se desapareció al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Aunque los estragos reales de esta tendencia no sean tan evidentes a simple vista, el desmantelamiento del sector ambiental tiene costos sumamente altos. Con instituciones débiles, es imposible que se pueda contar con información suficiente y actualizada sobre lo que pasa con el medio ambiente en nuestro país; menos aún, que haya procesos de participación inclusivos y que se procure justicia ambiental.

Por otra parte, tenemos el mal ejemplo del gobierno federal con el desarrollo de sus proyectos estratégicos como el Tren Maya, para el que se empezaron las obras aún sin contar con los estudios y permisos necesarios , y en el marco de una gran opacidad sobre el impacto ambiental que ocasionará la obra. Debido a esto, personas defensoras promovieron amparos para suspender las obras y el Ejecutivo respondió con un decreto para declarar ese tipo de obras como de seguridad nacional, de forma que pudieran evadir las suspensiones.

 

Esta respuesta dice mucho sobre la postura del gobierno en el tema, pues manifiesta su respaldo a una máxima muy peligrosa: cualquiera con el poder político o económico suficiente puede saltarse las reglas e imponer el desarrollo de proyectos sin considerar el impacto ambiental que puedan causar. En este contexto, ¿cómo se puede exigir a las empresas privadas que cumplan con las normas de regulación ambiental cuando ni siquiera el mismo gobierno lo hace?

Ante este panorama, se visualizan retos importantes para la implementación del Acuerdo, pues el actuar del gobierno es incongruente con los principios firmados en Escazú. Si esta tendencia continúa, se corre el riesgo de que la implementación se convierta en una mera simulación ante los reflectores internacionales. Mientras no exista la apertura y voluntad política para corregir las evidentes contradicciones, las acciones contra las cada vez más apremiantes crisis ambientales y climáticas se quedarán solo en discursos y buenos deseos.

Nota del editor: Néstor Genis (@GenisNestor) y Rosa Castañeda (@Rosa_Castaned) de Ethos Innovación en Políticas Públicas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

 
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