(Expansión) - El 14 de diciembre del 2022 el Ministerio de Defensa anunciaba el estado de excepción de Perú por la acusación contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración. Castillo ordenó gobernar por medio de decretos para asegurar las acciones de su gobierno.
El Congreso desconoce al Ejecutivo a causa de la acusación en su contra. En un ambiente de incertidumbre política, Castillo es detenido; luego es sometido a prisión preventiva.
El ambiente es perfecto para que la presidenta Dina Boluarte asuma la presidencia. Así lo hace. Unas cuantas horas después de la salida de Castillo, Boluarte jura la presidencia.
El pueblo peruano se inconforma con la toma de posesión de la nueva presidenta; pide el cierre del Congreso, la salida de Boluarte y la celebración de elecciones presidenciales anticipadas.
Parece que los hechos aquí narrados no son tan graves para generar una crisis política ni mucho menos para justificar la muerte de 30 manifestantes hasta el pasado mes de diciembre. Vamos a darle contexto a la situación.
Resulta que el gabinete de la presidenta Boluarte está conformado por funcionarios de la derecha, simpatizantes del régimen que perdió las elecciones frente a Castillo. Ante la toma de poder de éste, los ataques no cesaron. Cualquier motivo era bueno para señalar al expresidente. Por ejemplo, Pedro Castillo opinó sobre la posibilidad de darle a Bolivia salida al mar. Castillo fue acusado por traición a la patria por ese motivo, aunque otros presidentes se habían pronunciado sobre el mismo tema. Y no pasó nada.
La excandidata Keiko Fujimori fue acusada por lavado de activos, un delito que en Perú puede alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión. La excandidata está libre. Por el contrario, Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva e investigado por la comisión de dos delitos. Se trata de una investigación contra Castillo. No hay condena en su contra. ¿Cuál es la diferencia?
Este es el primer punto de inflexión. El expresidente Castillo ganó la última elección presidencial con un porcentaje elevado sobre su rival. Eso significa que Castillo contaba con el respaldo de la mayoría. El pueblo de Perú esperaba un cambio de régimen con la victoria de Castillo. Sin embargo, hay una acusación contra Castillo. Ese señalamiento provocó su caída.
Castillo debe demostrar su inocencia ante las autoridades peruanas. Pero la confianza que su pueblo le otorgó, al día de hoy, más que defraudada, se encuentra en entredicho; pues el presidente del pueblo, ya no lo es más. El gobierno que dirige Perú está conformado por funcionarios antipopulares. He aquí otro punto de inflexión. De hecho, aquí encontramos la razón de fondo de la crisis política peruana, así como el origen de las protestas y los disturbios en las calles.
El pueblo peruano exige el cierre de su Congreso en vista de la parcialidad con la que se ha manifestado ante los hechos políticos recientes; también por el respaldo al gobierno de Boluarte y su gabinete, pero, sobre todo, por consentir el aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta abril del 2024. Es mucho tiempo ante una crisis que puede desbordarse en el corto plazo. El pueblo de Perú sospecha que el aplazamiento busca la manipulación de la legislación electoral y la aprobación de varias reformas constitucionales que nunca se han consentido por las mayorías.
La única solución a la crisis es la celebración de elecciones presidenciales en los próximos meses, que se respete el resultado de la elección, sin reacciones de los perdedores. Sin embargo, más allá de la comprensión, el oficialismo peruano reprime a los manifestantes; también los insulta y los califica como “insurrectos”.
Los sectores más radicales exigen la celebración de una asamblea constituyente, que se elija diputados que le den al Perú una nueva constitución, producto de la voluntad soberana. Esa es una opción poco visible para el gobierno provisional, que ha logrado su permanencia poco más de año y medio para crear un escenario propicio, adecuado a sus intereses.
Es evidente que la democracia en Perú ha sido vulnerada por los motivos que citamos en este artículo. No concibo que en pleno siglo XXI los golpes de Estado sean la manera para deshacerse de un gobierno legítimo. No defiendo ni a Castillo ni a Boluarte, sino que se limite a expresar que los gobiernos verdaderamente democráticos deben prevalecer y ser respetados por todos.
La democracia en América Latina ha pasado por muchos altibajos para alcanzar la maduración suficiente en la región, sobre todo si tomamos en cuenta las dictaduras del siglo pasado. La represión es un hecho que debería permanecer en el pasado, un pasado superado por las instituciones democráticas de cada país.
Nota del editor: Francisco Javier Rodríguez es presidente de la comisión de asuntos internacionales de Coparmex Metropolitano. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
