Al margen de los detalles técnicos, esta metodología consiste en estimar una línea de ingresos de acuerdo con el costo de vida de la región que está midiendo y todos aquellos que tengan ingresos menores a esa línea se consideran estadísticamente pobres.
Si bien la medición de la pobreza basada en líneas de ingreso ha sido una herramienta útil para evaluar el bienestar económico de las personas, también ha sido objeto de críticas debido a sus limitaciones inherentes. Una de las principales críticas es que esta medida tiende a simplificar en exceso la complejidad de la pobreza, pasando por alto factores cruciales que afectan la calidad de vida de las personas. Una persona puede estar por encima de la línea de pobreza en términos de ingresos, pero aun así carecer de acceso a servicios esenciales que afectan directamente su calidad de vida y oportunidades futuras.
Además, las mediciones de la pobreza basada únicamente en líneas de ingreso no suelen considerar las disparidades regionales de costo de vida. Por ejemplo, la misma cantidad de dinero puede tener un valor muy diferente en áreas urbanas costosas, en comparación con zonas rurales más económicas. Esto puede llevar a una subestimación de la verdadera magnitud de la pobreza en áreas con alto costo de vida.
Otra crítica a esta manera de entender la pobreza es que no reconoce que la desigualdad es un problema profundamente relacionado. Dos personas pueden tener ingresos similares, pero si uno enfrenta una brecha económica más amplia en su entorno, es probable que su capacidad para salir de la pobreza sea mucho más difícil. La medición basada en ingresos no capta estas diferencias de manera adecuada.
Justamente por este tipo de inconsistencias es que la medición de la pobreza ha evolucionado a una medición multidimensional, que contempla no sólo el nivel de ingresos, sino el acceso a diferentes factores como la vivienda, los servicios de salud, y la educación.
Por eso mismo, el organismo publica a la par los resultados de su medición multidimensional, los cuales arroja resultados menos optimistas, pues la población vulnerable por carencias sociales pasó de 23.7% en 2020 a 29.4% en 2022.
