(Expansión) - La semana pasada los mexicanos recibimos una buena noticia: en 2022 la pobreza se redujo hasta alcanzar el nivel más bajo desde 2016. Las personas de 65 años y más fueron quienes tuvieron el mayor avance, en parte gracias a la Pensión Universal para el Bienestar de Adultos Mayores (PAM). No obstante, a pesar de su efectividad, este programa no es sostenible en el largo plazo desde el punto de vista financiero y social.
¿Es sostenible el éxito de la pensión universal para adultos mayores?
En 2022, 36.3% de la población total estaba en situación de pobreza, según los cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la institución encargada de la medición oficial de la pobreza en México. Esta cifra es menor a todas las observaciones anteriores (43.2% en 2016, 41.9% en 2018 y 43.9% en 2020). Esto implica que, en lo que va de esta administración, 5.1 millones de personas han salido de la pobreza a pesar del golpe económico de la pandemia.
Al separar este indicador por grupos de edad, se ve que en todos disminuyó la proporción de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2022. Sin embargo, destaca que el cambio fue 2.4 veces superior para las personas adultas mayores (-12 puntos porcentuales) que para aquellas menores de 65 años (-4.9 puntos porcentuales). Además, fue el único grupo en que la pobreza extrema también se redujo, pasando de 8.8% en 2018 a 4.8% en 2022. En contraste, la pobreza extrema aumentó para los más jóvenes.
¿Qué podría explicar la mejoría tan marcada para las personas de mayor edad? El motor del cambio pareciera ser el PAM que redujo a la mitad la proporción de personas de 65 años y más sin acceso a seguridad social. Esto, a su vez, permitió que más integrantes de este grupo registraran ingresos superiores a las líneas de pobreza.
A pesar de que estos indicadores sugieren que el PAM es efectivo para combatir un problema estructural –la pobreza en la vejez relacionada con la informalidad y las pensiones insuficientes–, vale la pena preguntarse si la apuesta por este programa es eficiente en términos sociales.
El PAM es el programa más importante para esta administración , su presupuesto es de 339,000 millones de pesos para 2023 que equivale a 57% del presupuesto total para programas sociales. Sin embargo, las personas adultas mayores en situación de pobreza representan solo 8% del total.
En ese sentido, me preocupa qué pasará con los infantes y adolescentes que son quienes concentran los mayores niveles de pobreza. Me pregunto si es eficiente que la distribución del gasto social permanezca como la vemos ahora. Además, se sabe que la población está envejeciendo y el PAM requerirá cada vez más recursos. No obstante, es probable que sin una reforma fiscal este presupuesto crezca a costa de recortes en otros rubros como educación, salud u otros programas sociales.
Sin duda, hay que celebrar la reducción de pobreza de los últimos años. Sin embargo, esta celebración no debe nublar la capacidad de analizar los datos para identificar a qué grupos se ha favorecido más. También, es fundamental evaluar con profundidad la agenda social para que la asignación de recursos no comprometa la capacidad de las próximas generaciones para aprovechar más oportunidades.
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Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
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