Entre 2018 y 2024, los famas del mundo financiero, representados en este caso por las agencias calificadoras, comenzaron a penalizar con rebajas a la calificación crediticia o downgrades. La incertidumbre creada por la concentración del poder y la política energética practicada en el financiamiento de Pemex han llevado a Moody’s, S&P y Fitch a ajustar sus calificaciones de manera decisiva.
Moody’s fue la calificadora que más tardó en reconocer la degradación de la calidad crediticia del país. Primero lo hizo el 17 de abril de 2020 con una rebaja de A3 a Baa1; y después, el 8 de julio de 2022 la calificación de México se ubicó en Baa2.
Por su parte, Standard & Poor´s, probablemente la calificadora más relevante para los fondos internacionales pasivos que mantienen inversiones en México por ser parte del conjunto de países con grado de inversión, rebajó la calificación del país el 26 de marzo de 2020, pasando de BBB+ a BBB.
Por lo que se refiere a Fitch, la más rápida en reaccionar y probablemente la primera que podría calificar a México en grado especulativo, el 5 de junio de 2019 modificó la calificación de BBB+ a BBB y para el 15 de abril de 2020 la ubicó en BBB-, la última calificación que se considera grado de inversión.
Estas rebajas reflejan el deterioro de la calidad crediticia del país y justifica que, desde junio de 2018, los famas internacionales, es decir, los inversionistas extranjeros, han disminuido su tenencia de valores gubernamentales de 2.1 billones de pesos a menos de 1.8 billones, una reducción de casi 317 mil millones de pesos. Esto disminuye las opciones de financiamiento para el país y explica, en parte, que México sea el único país con grado de inversión que paga más del 10% en su tasa de referencia, lo que se asocia más a un país con grado especulativo.
A futuro, la próxima administración tendrá el gran reto de mantenerse o no en la dirección de los cronopios, llena de ideologías con pocos fundamentos técnicos o controles ortodoxos, que en términos de los famas se traduce principalmente en tres factores relevantes: 1) la concentración de poder, 2) un crecimiento pírrico y 3) un frente fiscal complicado.
La concentración de poder en una democracia debilita los contrapesos institucionales, aumentando la posibilidad de implementar políticas públicas erróneas o de corto plazo, que a su vez afectan negativamente la estabilidad económica y financiera. Sin supervisión adecuada, se reduce la confianza de los inversionistas encareciendo el acceso al financiamiento.
En lo que se refiere al crecimiento pírrico de México, más allá de la desaceleración actual y el pobre resultado de los últimos años, la estimación de largo plazo se ha reducido de 4% a 2% en los últimos 10 años, según la encuesta de especialistas privados de Banxico. Esto disminuye la expectativa de generación de empleos o la atracción de inversión. También dificulta el aumento de la recaudación fiscal, lo que agrava la situación de las finanzas públicas y aumenta el riesgo de implementar políticas públicas de corto plazo que endeuden más al país.
Por último, el frente fiscal de México está comprometido de manera preocupante, con un déficit fiscal en máximos de 35 años y con un endeudamiento que no sigue los principios ortodoxos de ser dirigido a proyectos que aumenten la productividad del país. En su lugar, gran parte de los recursos se destinan a proyectos de un bajo margen operativo, como las refinerías de Pemex y a programas sociales sin supervisión o métricas de impacto en productividad. Estos últimos, aunque socialmente justos en algunos casos, no generan crecimiento económico sostenible a largo plazo.
