Pemex, hora cero. El derecho de cobro

Se trata de un costoso y doloroso rescate. Hoy es urgente la necesidad de optimizar procesos y dar el mejor uso a recursos naturales que pertenecen a la nación, haciendo frente a los abultados compromisos, sin olvidar que resulta inaplazable poner fin al dispendio. El oro negro conservará su color, pero no su condición de materia indispensable para el desarrollo, por el contrario, será negro insumo para países sumidos en el subdesarrollo.

Hoy, la cantidad de adeudos acumulados deja claro que Pemex, lejos de ser una locomotora que disminuye la velocidad, es aeronave a la que se han ido apagando las turbinas. La diferencia es sustancial, la primera simplemente afronta la posible inmovilidad, en tanto que la segunda, presenta el riesgo de un súbito desplome.

El Gobierno Federal, y particularmente, las instancias de combate a la corrupción y fiscalización deben tomar inmediatas medidas contra la rapiña y la canibalización que, lastimosamente, ya saltan a la vista. En tanto que la cadena de provisión y suministro de bienes y servicios afronta sus más oscuros tiempos, opera impunemente una perversa industria paralela que no se basa sino en el tráfico de influencias y en el velo de opacidad que tiende el apabullante volumen de transacciones, el cual, hace compleja su revisión.

Son cada vez más perceptibles anclajes internos, que perversamente tienden lazos hacia el exterior, en aras de hacer un lucrativo negocio, ello, a partir de la infortunada condición en que se encuentra la petrolera. Sí; se trata de paladines en el medrar.

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Buitres, coyotes y demás fauna con “influencia”, han dicho a proveedores y contratistas que, en estos casos, el primero que cobra es el único que cobra, y, por tanto, que todo porcentaje a sacrificar de las facturas pendientes de pago es sacrificable, teniendo como única opción el perderlo todo.

Es de todos bien sabido que Pemex ha creado las condiciones para que operen enormes negocios que nada tienen que ver con su giro, ni mucho menos, con el beneficio de esa entidad pública ni del interés nacional. Hace ya dos décadas que los encargados de las finanzas de la empresa vieron, en el pago de facturas y la contratación de seguros, una fuente inagotable de recursos fácilmente extraíbles del patrimonio institucional.

De forma que, el destructivo y nocivo factoraje, formal o informal, que surgió hace ya 20 años, produjo grandes caudales en favor de “empresarios” que no producen, ni aportan nada a la cadena de valor industrial, quienes viven opíparamente sólo por tener la gracia de quienes controlan los tiempos y movimientos en los pagos.

Así es, simplemente, cerrando la llave de los pagos y armando una estructura de “facilitadores”, la entidad pública creo uno de los más rentables, pero opacos negocios, los cuales, hoy, lejos de ver mermada su capacidad, tienen ante la perniciosa posibilidad de expandirse y la expectativa de acopiar utilidades jamás antes vistas.

En efecto, mediante cesiones de derechos o factoraje formal, hubo quienes aprovecharon su cercanía con los responsables de las finanzas de la desvencijada petrolera, gestando fortunas, repartidas en lo oscurito, a partir del manipulado y sesgado incumplimiento de obligaciones relacionadas con la procura. Un -estira y afloja- bien concertado entre funcionarios y gestores, hizo anidar la más grotesca fórmula para enriquecerse, primero, cobrando abusivas tasas de descuento a las víctimas, y luego, obteniendo enormes financiamientos bancarios.

El control de la pagaduría se volvió, para muchos bancos, un activo intangible, que respaldó la recepción de enormes fortunas acopiadas para seguir “comprando” facturas. Las empresas cercanas a los manipuladores del poder son bien conocidas por todos. La escandalosa formación de enormes caudales de la noche a la mañana llenó primeras planas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Aunque cayeron un par de tunantes, la danza de los miles de millones no paró el sexenio pasado, y lo que es peor, está en ciernes la época dorada del “derecho de cobro”.

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Durante años, el coyotaje vino desmantelando a la industria de procura, haciendo obligados socios a los oficiosos cobradores, quienes no ponían, ni ponen nada, más allá de la capacidad de ser recibidos con bombo y platillo en las oficinas de la negra torre. Se hicieron ricos, pero poco a poco, las indispensables empresas proveedoras y contratistas fueron quebrando, achicándose, o de plano, entregándose a la perniciosa práctica. Ello provocó que la calidad de los productos y la eficiencia pasaran a ser un tema secundario, sí, lo importante era tener al gestor correcto, de preferencia en el área de finanzas, o ya, de perdida, en la legal.

La apremiante situación provocó la emergencia de una nueva vertiente, ahora, ya no se cobran las facturas, simple y sencillamente, se venden acuerdos de pago, volviendo la transacción o conciliación, esto es, la firma de convenios para finiquitar contratos, la más novedosa cara de la industria que vive del petróleo, sin hacer nada para que éste sea correctamente administrado o explotado.

Por decreto, la quiebra de Pemex no es quiebra. Siendo así, el gobierno ha dejado de tomar las medidas no sólo prudentes, sino necesarias, para evitar el pillaje; la distracción de recursos, y el robo hormiga. Así es, las autoridades, teniendo a la vista que se vende el “derecho de cobro”, lejos de atajarlo, se han determinado a cerrar los ojos, e incluso, han decidido permitir a sus allegados el operar el provechoso negocio. Se trata de una vergonzosa patente para medrar con la desgracia de la paraestatal, y para colmo, en muchos casos se otorga a quienes la causaron.

Hace ya varios años, debió establecerse un proceso externo y colegiado para la revisión, clasificación y pago de múltiples adeudos que, gracias al ministro Pérez Dayán fueron puestos debajo del tapete. Éste actuó claramente protegiendo a la extorsiva industria que hemos descrito, también por razones de todos conocidas. No sólo eso, es claro que la pagaduría de la entidad debe ser sustraída de la administración de ésta, como sucede en el caso de cualquier empresa fallida. Una intervención a la caja es no apremiante, sino urgente, y ésta, pertenece más al área de rendición de cuentas, que a la de gestión industrial. El conflicto de interés asoma constantemente en el asunto, y no se hecho nada por evitar que éste siga haciendo el hueco aún más grande.

El problema rebasa nuestras fronteras, dado que el espejismo contable ha obligado, tanto a inversionistas, como autoridades del vecino del norte, a mirar hacia otro lado, cuando se trata de determinar técnicamente la capacidad de endeudamiento de la arruinada empresa, dado que, de hacer alguna observación, los fondos que atesoran los papeles de esa emisora tendrían que despertar del sueño, para vivir la pesadilla en la que se reconoce que la capacidad de pago hace mucho tiempo se rebasó, y que, cínicamente, han venido cobrando intereses con cargo al presupuesto federal, sí, de los impuestos, y no de las fantasiosas utilidades que se presentan en los informes financieros de Pemex.

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De forma que, sin duda alguna, seguiremos simulando, viendo una solvencia y viabilidad financiera que no existe. Las necesidades financieras que reclama el mantener la operación son subsidios, se les llame como se llame y evaden groseramente la ley que rige a Pemex. Y, para decirlo más claro, se trata de dinero a fondo perdido, que se dilapida sin ton ni son. La situación se agravará día con día, por lo que, como país, no podemos darnos el lujo de permitir que la industria del “derecho de cobro” subsista. Ese, y ningún otro, es el principal reto de Raquel Buenrostro, dado que, si bien es cierto esas mañas existen a lo largo y ancho de la Administración Pública Federal, también lo es, que el más dañino y significante en las finanzas públicas es el que se regodea campante en la desvencijada entidad energética.

A todas luces, resulta urgente que en el sector público se advierta la inaplazable necesidad de implementar medidas extraordinarias de administración, ya que el Consejo de la burocrática unidad tuvo su oportunidad en la pasada gestión, y solo empeoró, por mucho, los malos resultados. De permitir que el coyotaje siga haciendo de las suyas, el fin del fracasado modelo pasará factura a la residente de palacio mucho más pronto de lo que ella espera. Un as más para el presidente Trump, que tiene en sus manos la decisión de vida o muerte de la improductiva entelequia.

Tiene razón la presidenta cuando hace referencia a Calderón Hinojosa, acusándolo de ser cobijo de malas prácticas, ya que el “derecho de cobro” se institucionalizó en su sexenio, siendo éste más tarde consolidado por su ministro incondicional, pero hoy, resulta grotesca la forma en que gestores oficiosos, pero no gratuitos, echan mano de toda maña posible para hacer que la industria del tráfico de influencias sea la que finalmente determine qué tan pronto Pemex tendrá que aceptar la realidad. El trasiego del derecho de cobro privatiza los recursos públicos, socializando las pérdidas.

Se trata de un asunto de sobrevivencia financiera, pero pronto, advertirán que, de permitir que siga el escandaloso atraco, afrontarán una crisis de credibilidad, con cargo a su supuesta solvencia política, interior y exterior, lo que pondrá más rápido fin a la aventura petrolera.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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