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El presupuesto por la borda

Disminuir el porcentaje recaudatorio a una empresa cuyos ingresos tienden a la baja es, al menos, engañoso, más, cuando no se han puesto en la mesa soluciones para mantenerlos o incrementarlos.
vie 08 agosto 2025 06:07 AM
¿Pemex tiene dueño y cuál es la deuda de la empresa por sexenio?
Los ingresos petroleros son muchos, pero no pagan la subsistencia de la empresa, y toda contribución, sea el porcentaje que sea, agrava su situación. No nos engañemos, ese truco, más que viejo y sobado, no basta, apunta Gabriel Reyes Orona.

Se diga lo que se diga, la reciente colocación de notas “precapitalizadas fue un rotundo fracaso. Claro, el engrudo empleado ha permitido armar un enredo de grandes proporciones, en el que han caído los menos preparados en materia financiera. Es fácil identificarlos, son aquellos que empiezan su explicación diciendo que no hay que regatearle reconocimiento al gobierno en este asunto. Se fueron con la finta, o peor aún, son aquellos que, de algún modo, siguen recibiendo algún tipo de “apoyo”, desde luego, ya no directamente del sector oficial, sino a través de algún empresario amigo, que es lo que ahora se estila.

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La operación financiera resultó en una degradación de la calificación. Esto es así, ya que no se emitió ponderación de la capacidad de pago de Pemex. Es, y se presenta, como deuda soberana, por lo que el BB, es una disminución de la que usualmente correspondería a una deuda del gobierno mexicano. De manera muy enredada, y a trompicones, ahora, la SHCP ha creado una sección o rubro de deuda a su cargo, calificada con un grado inferior. No subió la calificación de la deuda petrolera, bajó la de la deuda soberana, ahora hay un renglón descalificado el sector central. Verlo de otra forma es jugar al tío Lolo.

Para la tan mencionada calificadora no fue difícil emitir tal apreciación por dos razones, una, ella sabe que el deep pocket es el erario federal, por lo que el riesgo de pago tomó en cuenta la capacidad de cobrar impuestos, y no, la de extraer y vender hidrocarburos. Por otro lado, con ella permite a sus clientes y seguidores venir a hacer una última vuelta predatoria, sí, a cobrar los muy generosos intereses del 5.5%. La anterior calificación hacía difícil venir a rascar lo que quedaba en los cajones, así que intencionalmente se abrió una última oportunidad para completar el saqueo, teniendo muy clara la fecha en que se convierten en notas basura, esto es, enero del 2027.

Ahora bien, la razón de la merma en la calificación de deuda garantizada por el Gobierno Federal es que no existe realmente una fuente de ingresos novedosa, sí, no hay fuente pago adicional a lo que ya existía. La garantía, esto es, los valores que supuestamente constituyen respaldo de esa emisión atraviesan por el más difícil episodio de valor en su historia. Los funcionarios están asidos a la tenencia de valores cuya apreciación crediticia puede enfrentar periodos de alta volatilidad, particularmente, durante el año 2026. Visto con cuidado, fue una mal ejecutada fase inicial de consolidación de deuda pública, en la que apenas subió la de la fallida, y bajó, sensiblemente, la del rescatista. En pocas palabras, el contagio bajista a la deuda soberana ya inició, y, en no mucho tiempo, las pesquisas irán dirigidas a saber qué respalda, al que ahora respalda a la petrolera chatarra, porque las cuentas no salen. ¿O ya se nos olvidó que en todas las crisis el Gobierno Federal para salir echó mano de la factura petrolera?

El muy escueto anuncio hecho por las autoridades no fue sino un ramillete de ilusos deseos, anhelos y buenas intenciones, las cuales jamás fueron explicadas con números precisos, ni con metas medibles o ponderables trimestre a trimestre. No sólo no se reduce el absurdo gasto operativo en Pemex, eliminando suntuarios gastos y exorbitantes prestaciones, sino que nada se dijo acerca de cómo aumentaría, o al menos, se mantendrían los ingresos, siendo muy claro que, a partir del año que viene, comenzará una gradual disminución de la dependencia de combustibles fósiles en todo el mundo, circunstancia que hace crisis, en el año 2030.

El anuncio marca la fecha fatal en que inicia la liquidación de Pemex, esto es, el 1º de enero del 2027. El esperado anuncio de un redimensionamiento y liquidación de todo el excedente de la plantilla laboral no llegó. Tampoco se abordó la forma en que se repondrán los saqueados fondos laborales de la petrolera, por lo que los problemas estructurales en Pemex se mantienen, dejando evidente que no existe respuesta o solución a ellos por parte del gobierno.

Peor aún, el dinero presupuestal se dilapida en apoyos para el pago de intereses, dejando en vilo las urgentes inversiones que debieron hacerse al menos hace 5 años. Acerca del mantenimiento, el cual, ha sufrido una importante merma y abandono desde el año 2019, nada se dijo. Esto es, cualquier plan sensato de rescate debió incluir la forma y términos en que se paliaría la ya no ocultable caída de ingresos. La cifra maquillada de adeudos ya nadie se la cree, todo el mundo sabe que, hace tiempo, no reciben facturas a muchos proveedores y que la bola de nieve sigue creciendo, aunque ésta dejo de registrarse hace años.

Mató la 4ª Transformación la cadena de proveedores y suministradores. Cualquier plan de rescate que no incluya el saneamiento de esa cadena está condenado al fracaso, ya que no podrá seguir laborando la entidad pública en el mediano plazo, dado que los acreedores comenzarán a dejarla sola, bien por quiebra, o por responsable decisión de dejar de perder dinero, el problema lejos está de ser transitorio.

El sector privado vinculado con la industria petrolera, que hasta la fecha carece de efectivas representaciones gremiales, debería instrumentar un registro de deuda externo, que permita a los mercados conocer el verdadero tamaño del adeudo, que guste, o no, es deuda pública. Sí, mucho ayudaría al objetivo de tener una visión más realista de la condición financiera de Pemex, el armar una plataforma privada en que todos los adeudos se publiciten. El saldo real es apabullante.

Si bien es cierto ya se ha convertido en un gran negocio el coyotear cobros, lo que hacen funcionarios y exfuncionarios, es claro que la vía de la cobranza mediante el tráfico de influencias nada va a solucionar, ya que, eventualmente, saldrán a la luz los inexplicables pagos hechos con prioridades y preferencias que no tienen explicación, dejando mal paradas, una vez más, a las instancias del supuesto combate a la corrupción, así es, lo pagos por la puerta de atrás, tarde o temprano, serán ventilados. Serán las grandes empresas del exterior, impedidas para pagar comisiones a traficantes de influencias, las que pondrán en la mesa los lastimosos ejemplos. La petrolera no pasa una prueba anticorrupción bajo las leyes estadounidenses.

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El bien fundado temor que tienen el Director General y el Consejo de Administración de Pemex a la representación sindical, impide y evita que se concrete el urgente y muy necesario ajuste de equilibrio financiero del contrato colectivo, hoy impagable. Cualquier auditoría seria, y no se diga, calificación independiente, ya habría arribado a la conclusión de que la empresa es inviable e insolvente. Vive de financiamientos no obtenidos conforme a la Constitución. La deuda contraída es violatoria de ésta, y en un futuro podría ser desconocida.

Disminuir el porcentaje recaudatorio a una empresa cuyos ingresos tienden a la baja es, al menos, engañoso, más, cuando no se han puesto en la mesa soluciones para mantenerlos o incrementarlos. Decir que se le van a bajar impuestos a una entidad cuyos ingresos no cubren el gasto administrativo, ni sirven su deuda, es dejar de reconocer que fiscalmente está muerta, y que sólo reparte al Gobierno Federal pérdidas. Los ingresos petroleros son muchos, pero no pagan la subsistencia de la empresa, y toda contribución, sea el porcentaje que sea, agrava su situación. No nos engañemos, ese truco, más que viejo y sobado, no basta.

El plan anunciado no es estratégico, es trágico. Propios y extraños sonríen, algunos hasta aplauden, pero los que entienden saben que la empresa vive sus últimos meses.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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