Evitar la próxima liquidación bancaria es una urgencia, no una opción

No es un caso aislado. En 2020 fue Banco Ahorro Famsa y en 2021 fue Accendo Banco. Tres liquidaciones en cinco años no pueden atribuirse a la casualidad. El patrón es claro: el sistema financiero mexicano responde con eficiencia ante la crisis, pero sigue fallando en prevenirla.

¿Por qué comparar CIBanco con Famsa?

Accendo fue la liquidación que antecedió a la de CIBanco y representó un costo de 1,314 millones de pesos al IPAB. Su tamaño era marginal: apenas el 0.08% del sistema bancario. Banco Ahorro Famsa, en cambio, fue una sacudida mayor. Con 580,774 ahorradores afectados y un costo de 24,561 millones de pesos —el 40% del fondo del IPAB—, su colapso marcó un antes y un después.

Hoy, el caso revive la pregunta que quedó sin respuesta: ¿por qué las autoridades no actuaron antes? Hacer esta comparación no es un ejercicio de proporciones, sino de patrones: ambos fueron víctimas de una supervisión tardía.

Dos caminos, un final

En CIBanco, la revisión comenzó cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por presunto lavado de dinero en junio de 2025. Tras analizar su situación, la institución concluyó que no contaba con los recursos ni la capacidad operativa para cumplir con las regulaciones futuras. Solicitó voluntariamente la revocación de su licencia en octubre.

Famsa, por su parte, no tuvo margen para decidir. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó irregularidades desde enero de 2019. Para marzo de 2020, su índice de capitalización ya era de -6.0%, muy por debajo del mínimo regulatorio.

En ambos casos, la supervisión fue reactiva. En CIBanco, la advertencia vino de fuera; en Famsa, llegó tarde. El problema no es que los bancos quiebren, es que el sistema permite que operen hasta el colapso.

¿Cómo se asegura el dinero de los titulares?

Cuando se liquida una institución, el IPAB asume el control. Inventaría activos y pasivos, aplica la prelación de pagos y garantiza primero a los clientes cubiertos por el seguro de depósitos. En el papel, es justicia financiera; en la práctica, los montos que superan el límite rara vez se recuperan por completo.

El IPAB protegerá al 99.4% de los ahorradores de CIBanco, cuyos saldos no superan las 400,000 UDIs (equivalentes a 3,424,262.40 pesos); sin embargo, 196 personas con depósitos superiores deberán esperar la venta de activos.

Responsabilidad fragmentada, consecuencias compartidas

La supervisión es el primer punto de falla. CNBV, Condusef y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con herramientas legales para detectar irregularidades, pero detectar no basta si la acción llega tarde.

Los bancos tampoco están exentos. La ley no exige manuales de gestión de crisis y esa omisión cuesta caro. Estos documentos establecen cómo actuar ante contingencias, coordinar equipos, informar a clientes y autoridades, y proteger la reputación organizacional.

A esto se suma la pasividad de las asociaciones gremiales. Su papel no es solo representar intereses, sino elevar estándares y promover autorregulación. Tras lo ocurrido, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado minimizando el impacto; restarle importancia refuerza la idea de que no hay lecciones que aprender.

De la reacción a la prevención

El país cuenta con marcos normativos sólidos. El problema no es la ley, sino actuar tarde. Multar después del daño no evita la próxima catástrofe. Por eso, la banca necesita asumir prácticas preventivas como parte de su cultura:

- Simulacros de crisis: anticipar escenarios adversos para detectar fallas y corregirlas antes de que escalen.

- Protocolos claros de comunicación: definir cómo, cuándo y quién informa ante contingencias, evitando la desinformación y el pánico.

- Equipos entrenados para actuar bajo presión: capacitar continuamente a los colaboradores para reducir errores y proteger la confianza del cliente.

CIBanco, Accendo y Famsa ya son historia, pero los errores que los derribaron siguen presentes. Lo inquietante no es que hayan cerrado, sino que aún no existan acciones concretas que impidan la próxima caída. La solidez del sistema financiero no se mide por cuántos bancos sobreviven, sino por cuántas crisis se evitan antes de llegar al cliente. Y en ese terreno, todavía hay mucho por hacer.

Veremos, con el nacimiento de nuevos bancos como Revolut y las licencias que se otorguen en los próximos meses, así como los cambios en el organigrama de ciertas dependencias, una oportunidad de reivindicación.

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Nota del editor: Samantha Beltrán es Head of Sales Operations en YG Consultores. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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