En la última década hemos visto que los datos personales son un recurso económico y estratégico. Pero la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) generativa abrió un nuevo debate: la identidad digital de cada persona. Nuestro rostro, nuestra voz, nuestra manera de expresarnos pueden ser replicados o transformados en segundos. ¿Cómo se protege ese bien intangible? ¿Debería considerarse una forma de propiedad intelectual, al mismo nivel que una obra artística o un software?
Identidad digital como propiedad intelectual
La identidad digital se convierte en un nuevo tipo de patrimonio personal, con oportunidades económicas, pero también con riesgos éticos y legales.
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El análisis ya está en marcha. Dinamarca, por ejemplo, presentó este año una propuesta legislativa que busca reconocer la imagen y la voz de cada ciudadano como un derecho de autor. La medida permitiría exigir la eliminación inmediata de reproducciones no consentidas y reclamar compensaciones económicas. No es el único caso: en Estados Unidos, estados como Tennessee o California han aprobado leyes que extienden la protección de la “voz” o de la “réplica digital” de artistas bajo un marco similar.
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Para las organizaciones, considerar la identidad digital como propiedad intelectual abre un campo de retos inéditos. En el entretenimiento y la publicidad, los contratos ya no se limitarán al uso de la imagen de una persona en una campaña, sino que deberán contemplar la autorización (o prohibición) de crear versiones digitales generadas por IA.
En los servicios financieros, el riesgo es aún mayor: si una voz clonada puede dar una orden, ¿cómo se valida la autenticidad de una transacción? Los bancos y aseguradoras deberán reforzar sus protocolos con biometría avanzada, autenticación multifactor y cláusulas contractuales claras sobre la protección de la identidad digital.
En la manufactura o en servicios profesionales, la identidad de los empleados podría ser utilizada en interfaces digitales de atención al cliente sin que ellos participen directamente. Reconocer la identidad como propiedad intelectual obligará a definir compensaciones y nuevas políticas de recursos humanos.
En el ámbito gubernamental, la identidad digital como propiedad intelectual plantea un desafío de confianza. ¿Qué ocurre si circula un discurso falso de un funcionario creado con inteligencia artificial? El daño a la credibilidad institucional sería enorme. Una legislación que reconozca a la persona como “propietaria” de su identidad digital fortalecería la capacidad de reacción frente a campañas de desinformación y dotaría de legitimidad a las medidas de soberanía digital que muchos países ya discuten.
Desde luego este panorama no sólo aplica con enfoque macro, el impacto también toca lo cotidiano. Un ciudadano podría reclamar la eliminación de un video donde se use su imagen sin consentimiento, o incluso negociar la licencia de su voz para usos educativos o artísticos. La identidad digital se convierte así en un nuevo tipo de patrimonio personal, con oportunidades económicas, pero también con riesgos éticos y legales.
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Desde mi experiencia, considero que este debate refuerza la necesidad de avanzar hacia un modelo de tecnología responsable. La innovación técnica no es suficiente; se requiere gobernanza ética y legal. La combinación de IA, blockchain y biometría puede ofrecer mecanismos de registro y trazabilidad que garanticen a cada persona el control de su identidad digital y a cada organización la seguridad jurídica para usarla de manera legítima.
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La pregunta que debemos hacernos en México no es si este debate llegará, sino cuándo y bajo qué condiciones. Reconocer la identidad digital como propiedad intelectual transformará contratos laborales, campañas publicitarias, servicios financieros, políticas de ciberseguridad y hasta la forma en que confiamos en la información pública.
La identidad digital no es un accesorio, es un activo. Las empresas que sepan protegerla y gestionarla de forma responsable estarán un paso adelante en confianza, reputación y competitividad. El reto ya no es tecnológico, es cultural y legal.
Este es el momento de diseñar estrategias empresariales y regulatorias proactivas. No podemos esperar a que la legislación internacional marque la pauta, hay que entender que proteger la identidad digital es proteger la confianza: el activo más valioso en la era de la IA.
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Nota del editor: Manuel Aranda es CEO Inetum North Latam. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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