De la regulación al crecimiento. El cambio que puede transformar la economía digital

México tiene la oportunidad de actualizar su marco regulatorio para acompañar la evolución de los pagos digitales. La nueva iniciativa abre la puerta a un entorno más claro, inclusivo y competitivo, capaz de impulsar la innovación financiera y ampliar las oportunidades para consumidores, empresas y desarrolladores por igual.

Lo que sí está funcionando

El proyecto establece topes para las cuotas de intercambio —0.3% para débito y 0.6% para crédito—, obliga a los agregadores a publicar contratos y tarifas —algo que debió existir hace tiempo—, exige más reportes regulatorios para dar trazabilidad a las operaciones y define reglas claras para disputar cargos no reconocidos.

Estas medidas responden a una pregunta que el sector financiero ha evadido por años: ¿por qué sólo el 18% de las transacciones en México se realiza con medios distintos al efectivo? Según Deloitte , en compras menores a $500 pesos, 8 de cada 10 mexicanos usa efectivo; en montos mayores, el promedio es de 73.5%.

La industria crece, pero sin traducirse en adopción. Al cierre de 2024, las terminales operadas por agregadores no bancarios aumentaron 9.7% frente al año anterior, pero los costos operativos de los puntos de venta siguen siendo prohibitivos para miles de comercios.

Con tasas más accesibles, más negocios aceptarán pagos digitales; si más comercios los incorporan, más consumidores dejarán el efectivo y cuando los usuarios migren hacia medios alternativos, la inclusión financiera dejará de ser un discurso.

Lo que sigue pendiente

Lo preocupante es que la reforma ignora el tema de prevención de lavado de dinero. En un país donde la trazabilidad debería ser prioridad, ese vacío equivale a reforzar la puerta delantera mientras se deja abierta la trasera.

Además, el proyecto no exige a la banca transparentar el contrato de intercambio doméstico. Este documento, de más de 600 páginas, regula las relaciones entre todos los participantes —bancos, agregadores, emisores y titulares de marca—; no obstante, los bancos lo modifican unilateralmente, sin consulta ni consenso, y muchos agregadores ni siquiera tienen acceso completo a su contenido.

De la declaración a la ejecución

Esto no se resuelve con más páginas de disposiciones. Se resuelve con tres cambios concretos:

1. Competencia real: La banca controla los comités que definen las condiciones de interoperabilidad, mientras los agregadores no tienen voz ni voto. La obligatoriedad de entregar el contrato de intercambio debe ir acompañada de multas claras por incumplimiento.

2. Revisión de experiencias internacionales: Las tasas deben disminuir progresivamente, como ocurrió en la Unión Europea, Australia y otros mercados maduros. México no puede aspirar a ser líder en pagos digitales con tarifas que duplican las de economías comparables.

3. Incentivos fiscales y campañas de adopción: El gobierno debe asumir el liderazgo y programas como el Buen Fin demuestran que los incentivos funcionan cuando hay beneficios directos por usar tarjetas. Ese modelo podría ampliarse con ventajas tributarias o descuentos ligados al uso de medios digitales.

El costo de quedarse a la mitad

Hasta ahora, los comentarios sobre la reforma son escasos, aunque existe una ventana de tiempo, ya que la fecha límite para el envío de estas observaciones será hasta finales de enero. Los bancos cuidarán sus intereses; los agregadores formularán posturas que se resolverán en negociaciones privadas; y mientras tanto, el 82% de los mexicanos seguirá prefiriendo el efectivo porque las alternativas aún son inaccesibles.

La reforma marca un punto de partida, no una meta final. Representa la posibilidad de construir un ecosistema más competitivo, donde la colaboración entre bancos, fintech y autoridades detone innovación, confianza y acceso equitativo.

Porque la fortaleza de un sistema financiero no se mide por cuántos bancos existen, sino por cuántas personas pueden participar activamente en él. Y hoy, México tiene frente a sí la oportunidad de convertir la inclusión en su mayor motor de crecimiento.

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Nota del editor: Samantha Beltrán es Head of Sales Operations en YG Consultores. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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