México avanza en la expansión de infraestructura de gas natural más ambiciosa de las últimas décadas: 2,250 kilómetros de nuevos ductos, una inversión estimada en 140,000 millones de pesos y la promesa de llevar el combustible a regiones históricamente desatendidas. El programa representa un salto técnico y logístico, pero también expone una contradicción estructural: el país mejora su conectividad, mientras profundiza su dependencia del gas texano. La modernización avanza, pero la vulnerabilidad permanece.
Más infraestructura, misma dependencia del gas
Durante años, la red nacional de gasoductos operó con tramos envejecidos, saturaciones recurrentes y regiones completas —el sureste, la península de Yucatán y zonas del centro— sin acceso confiable al gas natural. La infraestructura existente no solo era insuficiente: era desigual. Mientras el norte del país se integraba cada vez más al sistema energético de Texas, el sur seguía dependiendo de combustibles más caros y contaminantes. El nuevo plan busca corregir ese rezago mediante ampliaciones que eliminan cuellos de botella y permiten abastecer 13 nuevas centrales eléctricas que suman 7,890 MW. Sin estos ductos, las plantas enfrentarían restricciones operativas; con ellos, pueden funcionar con normalidad y con costos más competitivos.
El programa incluye además mantenimiento mayor para ductos con más de cuatro décadas de uso, así como nuevas conexiones hacia polos industriales vinculados al nearshoring. En términos de ingeniería, se trata de una modernización largamente postergada que, por primera vez en años, plantea una red más robusta, con mayor redundancia y con capacidad para atender la creciente demanda eléctrica e industrial. La expansión también responde a un objetivo geopolítico: integrar regiones que históricamente han quedado fuera del mapa energético nacional.
Sin embargo, el origen del gas no cambia. Y ahí está el punto crítico.
Ocho de cada 10 moléculas de gas que consume México provienen de Texas, gran parte extraídas mediante fracking en la cuenca Pérmica. La expansión de ductos no incrementa la producción nacional; incrementa la capacidad de recibir gas estadounidense. El propio documento técnico lo reconoce: las importaciones podrían pasar de 6,758 a más de 10,000 MMPCD. En la práctica, la dependencia se profundiza y el país queda más expuesto a decisiones regulatorias, climáticas y de mercado que no controla.
La vulnerabilidad más evidente es la falta de almacenamiento estratégico. México cuenta con apenas 2.4 días de reserva, cifra que subiría solo a 2.8 días con la nueva infraestructura. La meta oficial es llegar a 10 días; Europa opera con rangos de entre 20 y 105 días, dependiendo de la temporada. Los nuevos ductos aportan apenas 0.4 días adicionales, insuficientes para enfrentar contingencias como la tormenta invernal Uri de 2021, cuando Estados Unidos priorizó su consumo interno y México sufrió recortes abruptos que afectaron la generación eléctrica. La lección fue clara: sin almacenamiento, la red puede ser moderna, pero sigue siendo frágil.
La presión hacia 2030 será mayor. Texas vive un ciclo de expansión industrial y energética impulsado por centros de datos, manufactura avanzada, crecimiento poblacional y nuevas inversiones en infraestructura. ERCOT proyecta un aumento significativo en la demanda de gas, mientras Estados Unidos incrementa su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL). Esto significa que México competirá por el mismo gas con el mercado texano y con destinos internacionales, pero con una desventaja estructural: baja diversificación, almacenamiento insuficiente y una dependencia casi absoluta de un solo punto de origen.
El documento técnico advierte que la demanda incremental combinada —México, Texas y exportaciones de GNL— presionará los precios en la cuenca Pérmica y podría limitar la disponibilidad de gas para exportación hacia México. En otras palabras, el país podría enfrentar un escenario en el que los ductos estén disponibles, pero el gas no. La infraestructura resuelve el problema del transporte, pero no garantiza el suministro.
Pemex, por su parte, promete aumentar la producción de gas seco hasta 5,000 MMPCD hacia 2030. Sin embargo, el punto de partida es limitado: hoy produce alrededor de 2,315 MMPCD frente a una demanda superior a 9,000. Para alcanzar la meta, la empresa tendría que revertir años de declinación, mejorar la recuperación en campos maduros y apostar por recursos no convencionales en regiones como Burgos y Tampico‑Misantla. Incluso en el escenario optimista, México seguiría importando una proporción elevada del consumo. Con las nuevas centrales eléctricas, la demanda podría superar los 10,200 MMPCD. La producción nacional, por sí sola, no cubrirá las necesidades previstas.
La paradoja es evidente: México tendrá una red moderna y con mayor capacidad, pero eso no garantiza el suministro. Si Estados Unidos prioriza su demanda interna, los ductos podrían quedar subutilizados. La infraestructura resuelve el problema del transporte, pero no el de la disponibilidad del gas. La vulnerabilidad no está en la tubería: está en la fuente.
Para avanzar hacia una verdadera soberanía energética, el país requiere tres pilares que hoy están incompletos. El primero es el almacenamiento estratégico: cavernas salinas, yacimientos agotados y nueva infraestructura capaz de garantizar al menos 10 días de reserva. El segundo es la diversificación de fuentes, que permita complementar el suministro por ducto con alternativas, incluida la generación renovable donde sea viable. El tercero es una producción nacional sostenible, con inversión, certidumbre regulatoria y mejoras en eficiencia y recuperación.
México está construyendo una de las expansiones de gasoductos más importantes de su historia reciente. Es una obra necesaria para habilitar nueva generación eléctrica, fortalecer polos industriales y modernizar una red envejecida. Pero la modernización no equivale a seguridad energética. Mientras el suministro siga concentrado en Texas y el almacenamiento permanezca limitado, el país estará mejor conectado, pero igual de expuesto.
La pregunta no es si México tendrá ductos —los tendrá—, sino si tendrá gas cuando más lo necesite. Hoy, con la evidencia disponible, la respuesta sigue siendo incierta.
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Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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