El problema de fondo es otro. Es un conflicto actuarial.
La verdadera pregunta no es cuánto costaría modificar el régimen de pensiones de los trabajadores del Estado. La pregunta es si México podrá financiar sus compromisos pensionarios en una sociedad que envejece más rápido de lo que crece su economía.
Bien, pues las tendencias demográficas son claras, y preocupantes. La esperanza de vida aumenta, la tasa de natalidad disminuye y cada año hay menos trabajadores para sostener a un mayor número de jubilados. Y ese cambio altera por completo la lógica financiera del sistema.
Los esquemas pensionarios funcionan razonablemente bien cuando la base de contribuyentes crece de manera sostenida y la economía genera suficientes recursos para absorber el aumento del gasto social. Pero cuando el crecimiento pierde dinamismo, la informalidad supera la mitad del mercado laboral y la población envejece aceleradamente, las presiones presupuestales comienzan a multiplicarse. Eso es exactamente lo que enfrenta México.
El gasto en pensiones se ha convertido en uno de los componentes más rígidos del presupuesto federal. Y seguirá creciendo nos guste o no.
No, no se trata de cuestionar derechos adquiridos ni de desestimar las demandas de millones de trabajadores que buscan una jubilación digna; se trata de números y las matemáticas nunca mienten.
Las pensiones representan tranquilidad, patrimonio y certeza para quienes dedicaron décadas de su vida al servicio público. Pero ignorar las restricciones financieras tampoco resolverá el problema; al contrario, ¡lo agravaría!
Cada peso comprometido al pago de pensiones reduce el margen para financiar infraestructura, salud, educación, seguridad o inversión productiva. La presión se vuelve aún mayor mientras el costo financiero de la deuda aumenta y las expectativas de crecimiento económico se mantienen limitadas.
La reforma del ISSSTE de 2007 intentó responder a esa realidad mediante la transición hacia un esquema de cuentas individuales. Casi dos décadas después, el descontento social demuestra que la discusión quedó inconclusa, y claro, era previsible.
Los sistemas pensionarios suelen convertirse en uno de los mayores desafíos fiscales de cualquier economía desarrollada o emergente porque combinan tres variables difíciles de equilibrar, con expectativas sociales legítimas, restricciones presupuestales y cambios demográficos irreversibles.
