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Factureras: El ciclo oculto del lavado de dinero

Lejos de reducirse a una estrategia de evasión fiscal de México, estas corporaciones operan de manera coordinada con redes criminales y de corrupción transnacionales.
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Para canalizar los fondos que sí se operan en la banca formal, se estructuran redes de empresas fantasma en México que se disfrazan como distribuidoras de productos agropecuarios, farmacéuticas, proveedoras de laboratorios o comercializadoras de fertilizantes. Con sus cuentas bancarias realizan transferencias internacionales simulando importaciones de compuestos de uso industrial común (Foto: iStock. )

Las empresas fantasma, hoy conocidas como factureras, son mecanismos idóneos y efectivos para el lavado de dinero. Paradójicamente, el término "fantasma" resulta inexacto, ya que estas sociedades se constituyen de manera formal ante fedatarios públicos, tienen clave en el Registro Federal de Contribuyentes y manejan cuentas bancarias dentro del sistema financiero.

Este fenómeno representa uno de los mayores desafíos para la integridad financiera y la recaudación fiscal. En México, el Servicio de Administración Tributaria clasifica a estas entidades como empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), estructuras diseñadas con el único propósito de emitir comprobantes fiscales por transacciones inexistentes. El ciclo operativo de esta simulación funciona mediante una simbiosis financiera entre las estructuras delictivas y las factureras, con el propósito de ocultar el origen ilegal del dinero.

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El proceso se articula a través de distintas fases. En primer lugar, las empresas fantasma emiten facturas electrónicas, respaldando la comercialización de bienes, prestación de servicios o administración de inmuebles, así como la utilización de pedimentos de importación o exportación para manipular operaciones de comercio exterior. Se trata de sociedades que aparentan desarrollar actividades legítimas, pero cuyo propósito es ocultar recursos ilícitos o mezclarlos con otros de procedencia legal. Son sociedades controladas por prestanombres y con estructuras corporativas cuyos beneficiarios controladores permanecen ocultos.

En la etapa de justificación contable, las compañías reales adquieren dichos comprobantes para registrar gastos ficticios. En la fase final de retorno y disfraz del dinero, éste ingresa a las cuentas de las EFOS, desde las que se triangula para ser retirado en efectivo o transferido al extranjero, reintegrándose limpio a los verdaderos dueños.

Lejos de reducirse a una estrategia de evasión fiscal de México, estas corporaciones operan de manera coordinada con redes criminales y de corrupción transnacionales. Cuando el capital requiere cruzar fronteras para romper el rastro de auditoría, las redes de lavado despliegan sofisticadas técnicas de triangulación internacional que diversifican sus métodos operativos para evadir los controles financieros.

Entre estas estrategias destaca el comercio exterior simulado —Trade-Based Money Laundering—, el cual recurre a la sobrefacturación o subfacturación en importaciones o exportaciones de mercancías auténticas, así como a la facturación de embarques inexistentes entre corporaciones de papel establecidas estratégicamente en Asia y Norteamérica.

A esto se suma la mecánica del mercado negro de “pesos” —Black Market Peso Exchange—, mediante el cual se intercambian divisas en mercados paralelos para convertir las ganancias del narcotráfico en moneda local sin ingresar al sistema bancario formal, apoyándose con frecuencia en la compra e importación de productos de consumo masivo. Asimismo, la integración de activos digitales y criptomonedas de alta liquidez permite acelerar la dispersión de los fondos entre varios países, aprovechando aquellos con leyes laxas o deficientes en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.

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En este escenario de alta complejidad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene alertas vigentes para la red financiera internacional, destacando la presencia de lavadores profesionales en redes chinas. Bajo este modelo, los cárteles mexicanos delegan la administración de sus capitales a organizaciones que operan mediante empresas de papel de comercio exterior en China y Estados Unidos, permitiendo dispersar los recursos, ocultar el origen de las utilidades ilícitas y pagar la adquisición de diversos productos mediante el mercado negro de divisas.

Un buen ejemplo es el huachicol fiscal. En un inicio, la red delictiva roba grandes volúmenes de petróleo mexicano. Para exportarlo, las factureras etiquetan falsamente el crudo en las aduanas como aceite de desecho o materiales peligrosos. Una vez cruzada la frontera, y evadiendo en Estados Unidos los impuestos a la importación y regulaciones estrictas, las shell companies adquieren el petróleo y lo refinan. La gasolina se envía a nuestro país como pseudo-aditivos o lubricantes, que están exentos o tienen cuotas mínimas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Además, como los precios se subfacturan, el Impuesto al Valor Agregado también es menor.

Una vez en México, el combustible se reclasifica y refactura como gasolina legítima, que se incorpora a los canales de venta legales y se distribuye en las estaciones de servicio, donde se vende a precio normal de mercado. Dado que las ganancias provienen de la comercialización en gasolineras autorizadas, los ingresos resultantes entran limpios y directos al sistema financiero. Por ello es un mecanismo eficiente de blanqueo de capitales.

Otra modalidad es el contrabando de productos de China. El mejor ejemplo son los precursores químicos, que tienen un uso dual: en las industrias farmacéuticas y de fragancias, y para síntesis del fentanilo y metanfetaminas. En estos casos, el objetivo es enviar el pago de forma encubierta con criptomonedas para asegurar la materia prima.

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El ciclo inicia en Estados Unidos, en donde los cárteles recolectan el efectivo de la venta de drogas. El dinero es entregado a organizaciones chinas de lavado que operan en territorio norteamericano, y lo destinan al pago a las industrias químicas y laboratorios que suministran los precursores. Los proveedores en China aceptan los criptoactivos a través de plataformas de comercio electrónico y foros de la dark web, que les permiten recibirlos en forma instantánea, anónima y saltándose los controles gubernamentales.

En paralelo, para canalizar los fondos que sí se operan en la banca formal, se estructuran redes de empresas fantasma en México que se disfrazan como distribuidoras de productos agropecuarios, farmacéuticas, proveedoras de laboratorios o comercializadoras de fertilizantes. Con sus cuentas bancarias realizan transferencias internacionales simulando importaciones de compuestos de uso industrial común. Es contrabando técnico: una especie de huachicol de químicos.

Una vez que los pagos se liquidan en China, los precursores son enviados hacia puertos mexicanos, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Los productos se etiquetan falsamente con partidas arancelarias correspondientes a productos industriales legales —limpiadores domésticos, resinas, jabones o aditivos alimentarios— o se declaran como sustancias de diseño no reguladas que, al llegar a los laboratorios clandestinos en México, sufren una ligera alteración molecular para convertirse en la base del fentanilo. De esta manera, el dinero sucio se transforma en materia prima, asegurando el ciclo del narcotráfico internacional.

Apenas el pasado 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó una acción importante en contra del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que resultó en la sanción de más de 50 personas y sociedades relacionadas con el narco.

En el documento respectivo se subraya que esa organización delictiva ha trascendido el tráfico tradicional de narcóticos para convertirse en un conglomerado criminal polifacético, que lava millones de dólares, con el apoyo de un grupo de especialistas que operan en Jalisco, la intermediación de empresas fantasma y utilizando diversos instrumentos financieros para devolver a México los rendimientos de la droga desde Estados Unidos.

Un caso ahora emblemático es "El Caballito", en el que los números de las factureras son alarmantes. Desmantelada en 2026 mediante operativos de la Fiscalía General de la República en seis estados del país, esta organización logró simular operaciones, emitir facturas falsas y lavar un monto superior a los 12 mil millones de pesos. Ofrecían esquemas de evasión a sociedades formales y justificaban retiros libres de impuestos, inyectando capital mediante asociaciones civiles fantasma. Varios de sus integrantes ya han sido vinculados a proceso penal y con prisión preventiva.

Estos casos muestran algo importante: las empresas fantasma no son sociedades que carecen por completo de existencia jurídica. Se crean formalmente, tienen cuentas bancarias, emiten facturas e incluso aparentan desarrollar actividades comerciale

Son una pieza del esquema criminal por el uso que se hace de ellas: fraude fiscal, corrupción pública y lavado de dinero.

Nota del editor: Luis Pérez de Acha es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Es socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda y socio fundador de la ed-Tech Inteli-iuris, plataforma para la enseñanza jurídica. Síguelo en X como @LuisPerezdeAcha Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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