Dos investigaciones dan cuenta de esta práctica. Uno son las importaciones de productos textiles y calzado con subvaluación masiva , con precios exageradamente castigados. Otro es la adulteración de mezclas de azúcar con carbón activado , en que se declara la importación de ese compuesto y, una vez en México, se separan los componentes y se comercializa el azúcar en forma ilegal. En ambos, la participación de empresas fantasma es clave. Las investigaciones se han topado con cascarones sin activos, domicilios falsos y prestanombres ilocalizables.
La estafa entre particulares es otra variante de su actuación. Las víctimas caen en el engaño porque los defraudadores entregan contratos formales y CFDIs, lo que da una apariencia de total legalidad, antes de esfumarse. De ese modo atraen inversionistas o clientes, o les venden productos que jamás entregan. Una vez pagados los anticipos, el dinero se retira de las cuentas de manera inmediata y las sociedades desaparecen.
En algunas ocasiones, las factureras han defraudado a comercios con falsas promesas de ahorros de energía eléctrica, mediante el cobro del 50% de anticipo para la instalación de paneles solares. Después, los clientes han descubierto que las oficinas comerciales son rentadas por días y las razones sociales, meras fachadas.
Otro descaro se da en la venta de tiempos compartidos, en que grupos delictivos han constituido compañías con nombres similares a corporativos hoteleros reconocidos, ofreciendo paquetes de lujo. Exigen el anticipo vía transferencias y, una vez cobrados, dan de baja las páginas web y vacían las cuentas.
Un caso que ha resonado atañe a la Cooperativa Cruz Azul . La cúpula directiva utilizó el presupuesto de la cementera —patrimonio que pertenece a los socios— para contratar servicios irreales a una red de factureras. La entidad pagaba facturas millonarias por conceptos intangibles y difíciles de comprobar, como consultorías estratégicas, asesorías legales, relaciones públicas y estudios de mercado. Una vez enviado el dinero, se dispersaba rápidamente. Una parte se retiraba en ventanillas bancarias y otra se triangulaba a cuentas de los directivos en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales.
Una modalidad dramática es el tráfico de personas y de armas. El traslado ilegal de migrantes y el contrabando de armamento requieren infraestructura física, como bodegas, camiones, personal y pago de viáticos. Las redes involucran pagos a polleros, proveedores e, incluso, mordidas a policías y otros funcionarios. Las empresas fantasma permiten dispersar estos pagos de manera fragmentada, con honorarios o gastos operativos maquillados, evitando así alertas bancarias por depósitos sospechosos.
Las mil caras de las factureras son codiciosas. Para el crimen organizado no es solo el ahorro de impuestos: es el anonimato financiero de la estructura de un negocio ilegítimo.
_____
Nota del editor: Luis Pérez de Acha es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Es socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda y socio fundador de la ed-Tech Inteli-iuris, plataforma para la enseñanza jurídica. Síguelo en X como @LuisPerezdeAcha Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
