Más que juicios orales: Todo lo que debes saber sobre el nuevo sistema penal

Luego de ocho años de preparación, este 18 de junio México entra de lleno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, un nuevo modelo que busca hacer más flexibles y transparentes los procesos, y cuyo emblema son los juicios orales.

A diferencia del régimen pasado, los jueces no darán un fallo leyendo expedientes, sino valorando las declaraciones y pruebas que las partes acusadora e inculpada aporten durante la audiencia... muy parecido a lo que alguna vez has observado en las series de televisión estadunidenses.

Uno de los objetivos de este nuevo sistema es tener opciones de justicia alternativa para que menos casos lleguen a juicio y los procesos se agilicen, lo que representará menores costos para el Estado y justicia pronta para los implicados.

En el nuevo Sistema de Justicia Penal —aprobado en la reforma constitucional en la materia de 2008— hay tres órganos que participan de manera directa: uno que investiga, como policía especializada; otro que acusa, que será el Ministerio Público, y un tercero que resuelve, en este caso los jueces.

A pesar de que entonces se dio un plazo de ocho años para su implementación, y que en algunos estados ya está en marcha, todavía existen deficiencias en ministerios públicos, sobrepoblación en los centros de reclusión y, aunque la prisión preventiva debe ser una excepción, actualmente es la regla.

Uno de las principales atrasos es la adaptación de infraestructura para albergar los juicios en salas de oralidad, donde el Tribunal de Sentencia resuelve las controversias. Para la aplicación del nuevo sistema, el gobierno federal contempló destinar 21,000 millones de pesos para infraestructura, capacitación, equipamiento, tecnologías de la información, evaluación y difusión de la reforma penal; de 2013 a la fecha, se han gastado más de 18,000 millones.

De acuerdo con un análisis del think tank Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), la realidad mexicana ha evidenciado una brecha entre los alcances y objetivos que se plantearon con la reforma constitucional, al grado de que, al ritmo de los avances registrados, la total implementación de un sistema de justicia eficaz aún tardaría 11 años.

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El procedimiento

Los procesos penales que lleguen al final bajo este nuevo esquema constarán de tres etapas: investigación, intermedia y juicio oral.

Mario Uribe, jurista por la Universidad Panamericana, explicó que, tras recibir una denuncia, el Ministerio Público (MP) deberá investigar el posible delito, y si halla pruebas, con la autorización de un juez de proceso, iniciará una carpeta de investigación, antes llamada averiguación previa.

Luego viene la etapa intermedia, donde se analizan las pruebas a presentar y, finalmente, llega el juicio oral.

En el juicio oral, el juez o jueces no conocen los casos, sino hasta el día de la audiencia.

“Es como iniciar de cero. El juez escuchará y revisará todas las pruebas, y si lo requiere podrá llamar a más testigos o incluso a la policía”, dijo Uribe.

“La intención es que las partes estén en igualdad de oportunidades”, agregó el abogado.

Salidas alternativas

No todos los casos llegan a un juicio, pues el sistema permite alternativas, donde el acusado y la víctima tengan acceso a la justicia.

Criterio de oportunidad: El MP puede no acusar al inculpado si éste repara el daño o la víctima manifiesta su falta de interés en dicha reparación. También puede desistir si el delito es de mínima afectación, si el inculpado sufrió un daño grave al cometer el delito o si el inculpado colabora en la investigación de un hecho más grave.

Justicia Alternativa: Es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, el cual debe ser auxiliado por un especialista en mediación o en conciliación. La alternativa no aplica cuando el acusado haya recurrido a un acuerdo en el pasado por la misma causa, o cuando se trate de un caso donde existe un interés público importante, como delitos que atentan contra la seguridad nacional.

Suspensión Condicional del Proceso: La persona que por primera vez cometa un delito no grave podrá solicitar al juez de control que suspenda el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que le imponga el juez.

Existe también el Proceso Abreviado, que es cuando el inculpado acepta su responsabilidad para poder acelerar el juicio, y con ello puede recibir una pena menor a la que le corresponde.

Un cambio al sistema y la cultura de justicia

El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, comentó que uno de los grandes retos es que la población participe y vuelva a tener confianza en las instituciones, pues uno de los problemas actuales es la carencia de denuncias.

El nuevo Sistema de Justicia Penal privilegia la transparencia, lo cual permitirá que la ciudadanía pueda denunciar cualquier irregularidad. Con ello, se pretende erradicar la corrupción, comentó Vizcaíno Zamora.

El funcionario detalló que el 95% de las personas en reclusión se encuentran sin sentencia. Muchos de ellos, con el anterior esquema, pasarían años en espera de un juicio. Otros están presos por cometer un robo cuyo monto es menor a 2,000 pesos.

Vizcaíno Zamora explicó que un procedimiento lleva en promedio 185 días en resolverse y presenta un costo de hasta de 55,000 pesos, contemplando los gastos del interno.

En Francia, dijo Vizcaíno Zamora, 95% de los casos se resuelven en 36 horas. En México, lo que se busca es pasar de 185 a 30 días; para ello, se necesita de tres estructuras que funcionen a la par: el Sistema Penal Acusatorio, Sistema Nacional de Seguridad Pública y herramientas especiales contra la delincuencia organizada.

El nuevo modelo reconoce que toda persona es inocente hasta que no se declare su responsabilidad mediante un juicio oral en el que se le haya permitido defenderse.

Durante todo el proceso, e incluso una vez concluido, jueces estarán a cargo de vigilar el actuar del MP y de las autoridades de los centros penitenciarios.

La reglamentación de la reforma penal está conformada por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Delincuencia Organizada.