El código de ética que rompió la "nueva generación" de gobernadores priistas

Cantos y porras enmarcaron en 2010 los actos masivos en los que Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte asumieron las candidaturas del PRI a las gubernaturas de sus respectivos estados: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Meses después, luego de ganar sus elecciones en julio de ese año, el mismo ambiente reinó en sus tomas de protesta, en las que prometieron mejorar la calidad de vida de sus gobernados.

Pero esa no fue su única promesa. Como candidatos y posteriormente como funcionarios que representaban al tricolor, los tres se comprometieron a respetar un Código de Ética Partidaria que los obligaba a actuar de forma honesta, y que después rompieron por medio de diversas irregularidades presuntamente cometidas en sus administraciones.

El artículo 9 del ordenamiento partidario señala que los militantes del PRI deben comportarse con "alto sentido de dedicación a los intereses del pueblo". Sin embargo, según las denuncias formales que pesan en su contra, estos exmandatarios —a quienes el presidente Enrique Peña Nieto se refirió en 2012 como ejemplo de una "nueva generación" en el priismo — violaron esta regla al aprovechar sus cargos públicos en beneficio personal.

La caída de Javier Duarte

Cuando se convirtió en candidato al gobierno de Veracruz, el 17 de abril de 2010, Javier Duarte respondió "¡Sí, protesto!" cuando la entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, le preguntó si actuaría "con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia" como abanderado tricolor.

Luego compitió con el lema "En mí sí puedes confiar" y ganó los comicios, aunque prácticamente desde que asumió el poder su administración fue objeto de cuestionamientos en materias como seguridad, desarrollo económico, libertad de prensa y respeto a los derechos humanos, otro aspecto que el código de ética del PRI obliga a sus militantes a cuidar.

null"Los dirigentes y servidores públicos de origen priista tendrán la obligación en todo momento de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo a las personas su protección más amplia", dice el artículo 18 de la normatividad.

A siete años de que Duarte inició su gobierno —en el que fueron asesinados al menos 19 periodistas y se registraron más homicidios, secuestros y desapariciones forzadas—, él se encuentra en prisión preventiva en México, donde espera el inicio de procesos penales en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (a nivel federal), y de abuso de autoridad, peculado, incumpliemiento del deber legal, tráfico de influencias y coalición (correspondientes al nivel local).

En ese marco, además, el 25 de octubre pasado fue expulsado de las filas del Revolucionario Institucional.

Borge, el gobernador de los despojos

Al igual que el veracruzano, Roberto Borge prometió públicamente respetar el código de ética del PRI, que en su artículo 14 obliga a los militantes a conducirse "en todo tiempo con legalidad, dignidad, honestidad, probidad, veracidad y transparencia".

Sin embargo, según lo han documentado investigaciones periodísticas y autoridades federales y locales, luego de asumir el gobierno Borge empezó a tejer una red a la que se atribuyen desvíos de recursos públicos, despojos de bienes a particulares y empresas, así como ventas irregulares de predios que eran propiedad de la entidad.

La noche del pasado 4 de junio, casi siete años después de que ganó las elecciones en Quintana Roo, Borge fue detenido en Panamá, donde aguarda un proceso de extradición a México para ser sometido ante la justicia. También en junio, el tricolor decidió expulsar de sus filas a este exgobernador.

Recomendamos: La extradición de Borge podría tardar hasta un año

César Duarte, en la mira

En Chihuahua, César Duarte prometió estimular el crecimiento económico de la entidad y mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, sus detractores afirman que no cumplió, aumentó la deuda pública, desvió recursos y aprovechó el cargo para hacer negocios.

De comprobarse estos señalamientos, el exmandatario habría violado el artículo 17 del código de ética del PRI: "El desempeño de la función pública implica la responsabilidad de ejercer un mandato legal y popular con el propósito de realizar debidamente todas aquellas actividades que corresponden al Estado (...) y que buscan safisfacer necesidades colectivas".

Hoy, Duarte encara al menos dos órdenes de aprehensión —una promovida por la fiscalía de la actual administración de Chihuahua y otra por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)— y es considerado prófugo de la justicia.

Según versiones de prensa y el gobernador Javier Corral, del PAN, Duarte se encuentra en Texas, Estados Unidos, donde aún goza de su militancia partidista, aunque hay sectores que exigen su expulsión.

Recomendamos: Los escándalos que han sacado a los exgobernadores por la puerta trasera