Ángel Aguirre quiere regresar a la política como candidato a diputado federal
A poco más de tres años de que salió de los reflectores de la política nacional tras el impacto que el caso Ayotzinapa tuvo en su carrera, el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero busca volver a escena y convertirse en candidato a una diputación federal en las elecciones de 2018.
Las intenciones políticas del exmandatario han sido confirmadas por diferentes líderes estatales del PRD, partido que llevó a Aguirre al gobierno de la entidad y al que renunció en 2014, aunque todavía mantiene vínculos con sus corrientes y militantes.
Alberto Catalán Bastida, secretario general del PRD en Guerrero, fue el primer perredista en hablar públicamente del asunto, al señalar que el exgobernador está en posibilidades de ejercer sus derechos políticos, a pesar de las críticas en su contra por el caso Ayotzinapa y por el desempeño de su administración en rubros como seguridad y finanzas públicas.
Posteriormente, el senador y exdirigente estatal Celestino Cesáreo Guzmán detalló que Aguirre puede ser postulado por el Frente Ciudadano por México, es decir, el bloque político que el PAN, el PRD y MC perfilan como alianza electoral de cara a los comicios del próximo año.
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"Nosotros hemos señalado con mucha claridad que el Frente Ciudadano es abierto y tiene sus reglas para la designación (de candidatos), que vayan los mejor posicionados. El señor tiene sus derechos políticos a salvo y, si tiene aceptación en la Costa Chica (región de la que es originario), seguramente va a ser candidato del Frente Ciudadano", dijo.
A lo largo de los últimos días, Expansión buscó a Aguirre en varias ocasiones para profundizar en el tema. En un mensaje de WhatsApp, el exmandatario únicamente señaló que por el momento no dará declaraciones.
Ayotzinapa: una crisis política
Aguirre fue militante del PRI, senador y ya ha sido diputado federal. En 2011, llegó al gobierno de Guerrero tras ganar las elecciones de ese año postulado por el PRD y, durante su gestión, los problemas de inseguridad crecieron en la entidad y derivaron en crímenes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El hecho ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de decenas de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fue interceptado por policías de Iguala, un municipio que entonces era gobernado por el también perredista José Luis Abarca.
De acuerdo con las reconstrucciones difundidas a la fecha, Abarca —tras las rejas y bajo proceso penal— colaboraba con el grupo delictivo Guerreros Unidos y ordenó la detención de los normalistas. Posteriormente, los agentes dispararon a los jóvenes e ilegalmente privaron de la libertad a 43 de ellos, cuyo paradero hasta ahora se desconoce.
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A raíz del caso y de la presión política que generó sobre Aguirre por las presuntas omisiones de su administración, éste solicitó licencia al cargo de gobernador en octubre de 2014 . En ese entonces, dijo estar dispuesto a declarar ante las autoridades y a colaborar con las indagatorias, y se alejó de la vida pública.
Sin embargo, los padres de los desaparecidos consideran que el exgobernador es en parte responsable del crimen contra sus hijos, pues argumentan que la policía estatal no actuó frente a la emergencia ni se movilizó para encontrar a los jóvenes. Por esa razón, las familias exigen que Aguirre rinda cuentas y advierten que harán "todo lo posible" para frenar sus intentos por convertirse en diputado federal.
"Aguirre Rivero es una pieza clave para saber el paradero de los jóvenes, y si cree que en esta contienda electoral que se aproxima (…) podrá ser diputado federal de la Costa Chica, nosotros queremos decirles que mientras no haya verdad y no haya justicia, seremos la piedra en el zapato para que no llegue y tenga que ser castigado por sus responsabilidad", dijo Felipe Flores, representante de los familiares.
Incluso, el portavoz adelantó que los padres evalúan realizar acciones como movilizarse hasta las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir el eventual registro del exgobernador como candidato.
Los defensores del exgobernador
No obstante, Aguirre no está solo en su lucha por llegar el próximo año hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ante las advertencias de los padres de Ayotzinapa, diferentes militantes del PRD guerrerense han salido en su defensa, en una serie de declaraciones en las que aseguran que, en su momento, él asumió la responsabilidad que le correspondía en el caso y ahora es objeto de lo que describen como "una cacería de brujas".
Uno de sus principales defensores es Luis Estephano Cervantes, miembro de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), una corriente perredista creada por el propio exgobernador.
"Nuestro líder moral, licenciado Ángel Aguirre Rivero, optó por solicitar licencia al cargo y funciones de gobernar el estado de Guerrero, sin que existiera procedimiento legal alguno en su contra. Lo anterior, para darle certeza a todos y cada uno de los guerrerenses que cuestionaban dicho evento", dijo Cervantes en un comunicado.
"Pareciera más esta situación ser una cacería de brujas que una legal petición de hacer justicia. Ya basta: no permitamos que (los padres) sigan lucrando por ese lamentable hecho, y permitamos que la autoridad competente realice su trabajo", añadió.
El proceso electoral federal de cara a los comicios de julio del próximo año arrancó en septiembre pasado. En ese marco, las dirigencias del PAN, del PRD y de MC tienen hasta mediados de diciembre para definir si formalizan su alianza. Si así lo hicieran, entonces tendrían que comenzar la ruta para definir quiénes serían sus candidatos, y para resolver si aceptarían o no al exgobernador como uno de sus abanderados al Congreso.