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Japón aprueba una ley que castiga la creación de los virus informáticos

El Parlamento avaló penalizar hasta con tres años de prisión o 6,000 dólares a quienes creen o difundan virus informáticos
vie 17 junio 2011 01:57 PM
Virus informático
Virus informático Virus informático

El Parlamento de Japón aprobó este viernes una ley que criminaliza la creación y distribución de virus informáticos , una medida a la que se oponen algunos sectores bajo el argumento de que puede violar el derecho constitucional de privacidad en las comunicaciones.

La legislación castiga a quienes elaboren o difundan virus informáticos sin tener causa razonable con penas de tres años de prisión o multas de hasta 500,000 yenes, el equivalente a unos 6,130 dólares o 72,900 pesos mexicanos.

También penaliza a quienes obtengan o almacenen los virus con sanciones de dos años de cárcel o multas de 300,000 yenes (3,682 dólares o 43,800 pesos mexicanos), reportó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Uno de los aspectos de la norma que ha generado más polémica es que permite a las agencias de seguridad copiar o incautar información de servidores de internet conectados a computadoras que decomisadas en el curso de una investigación.

Igualmente, faculta a las autoridades para solicitar a los proveedores de servicios de internet datos de comunicaciones —como nombres de remitentes y destinatarios de correos electrónicos— por un plazo de hasta 60 días.

El gobierno japonés ha tenido problemas para investigar ataques cibernéticos contra oficinas oficiales, corporaciones o individuos ante la ausencia de una legislación nacional que castigue la creación de virus y otros actos que dañen redes informáticas.

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Con la aprobación de la ley, las autoridades tienen la intención de suscribir el Convenio sobre Ciberdelincuencia promovido por la comunidad internacional. Pese a ser aprobado por el Parlamento en 2004, el documento no ha sido oficialmente ratificado ante la ausencia de normas de ámbito local en este terreno.

El Convenio sobre Ciberdelincuencia, firmado desde 2004 por 31 países, exige a las partes criminalizar el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el almacenamiento de pornografía infantil o la vulneración de derechos de autor.

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