La Comisión Permanente reitera rechazo al acuerdo antipiratería ACTA
Diputados y senadores de la Comisión Permanente avalaron este miércoles un resolutivo que rechaza la firma del Poder Ejecutivo en el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA por sus siglas en inglés).
Los legisladores de la Comisión, que sustituye al Congreso durante los recesos parlamentarios, decidieron por unanimidad la no adhesión al tratado por considerar que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos, informó el área de prensa del Senado.
En un punto de acuerdo los legisladores criticaron que la firma del tratado ignoró las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado en septiembre de 2011, por las cuales se rechazó el tratado.
También se argumentó en el punto de acuerdo que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
La comisión exhortó al presidente Felipe Calderón para que realice las gestiones necesarias para que no sea aplicable en nuestro país el artículo 27 del tratado, así como cualquier otra disposición que pueda afectar los derechos fundamentales.
Los legisladores aprobaron también citar a comparecer a los titulares de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como a un representante de Relaciones Exteriores, para que informen las razones por las cuales se decidió firmar el tratado.
El acuerdo es rechazado por internautas debido a que permite vigilar las actividades que se realizan en la red. El pacto establece reglas y estatutos sobre la propiedad intelectual, con el que se pretende regular el traspaso de datos en internet , creando instituciones internacionales vigilantes de los derechos de autor.
Para entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado por el Senado mexicano.
El tratado ya fue firmado por Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea.
Sin embargo, la Eurocámara rechazó su ratificación, mientras que en los otros países falta el aval por parte de los respectivos congresos.
Según activistas, el acuerdo da la posibilidad de que un particular, como una corporación, pueda pedir datos personales a los proveedores de internet, y que estos estén obligados a entregarlos en violación al debido proceso.