Internet, la nueva disputa con el gobierno de EU

San José, California, es la ciudad más grande en Silicon Valley, donde compañías tecnológicas pioneras están probando autos sin conductor por las calles. Aún así, aproximadamente 95,000 de los residentes de la ciudad no tienen acceso a internet, una desigualdad encontrada en muchas ciudades estadounidenses, y una que los políticos de todos los niveles del gobierno dicen que quieren resolver.

Pero hay marcados desacuerdos sobre exactamente cómo hacer eso.

A fines de enero, el alcalde de San José, Sam Liccardo, trajo esta pelea a la luz pública, al renunciar públicamente a un comité de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) encargado de recomendar maneras de acelerar el despliegue de la banda ancha.

“Llegué a la conclusión de que no hay voluntad de esta FCC ni de este comité para pasar de las palabras a los actos en la reducción de la brecha digital”, dijo Liccardo. “Y decidí que era hora de dejar de participar en esta farsa de que había una voz legítima para las comunidades locales en esta mesa”.

El debate se centra en cuánta autoridad deberían tener las ciudades para regular a los proveedores de banda ancha que desean tender líneas e instalar equipos de comunicaciones inalámbricas en postes telefónicos y bajo tierra. Las empresas dicen que los municipios están desacelerando su expansión a través de trámites y tarifas que los alcaldes argumentan que son necesarios para ayudar a financiar el acceso de sus ciudadanos más pobres.

Durante años, las ciudades han tenido dificultades para mantener el control sobre la infraestructura de Internet en sus jurisdicciones. Al menos 19 estados han aprobado leyes que limitan la capacidad de las ciudades para lanzar redes de banda ancha de propiedad pública, que compañías como AT&T y Comcast dicen que representan una interferencia indebida del gobierno en el mercado. Los alcaldes recurrieron a los tribunales para recuperar sus derechos, con cierto éxito.

Pero solo recientemente las ciudades han enfrentado una amenaza del gobierno federal. La primavera pasada, el nuevo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones designado por el Presidente Donald Trump, Ajit Pai, convocó al Comité Asesor de Implementación de Banda Ancha (BDAC, por sus siglas en inglés) para trabajar en un conjunto de estándares recomendados que los estados y municipios pueden adoptar para gobernar la construcción de su infraestructura local de Internet.

En enero, el BDAC publicó borradores de ordenanzas que proponen limitar las tarifas que los gobiernos locales pueden cobrar, e imponer “cronómetros” que limitarían la cantidad de tiempo que las ciudades pueden tardar en revisar los permisos. El código estatal también expresa una preferencia por las redes rurales de banda ancha que serán construidas por el sector privado, en lugar de por una entidad pública.

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Liccardo y otros alcaldes encontraron las propuestas inaceptables.

“Necesitamos poder cobrar tarifas que nos permitan construir una infraestructura de banda ancha e invertir en promover el capital digital”, dijo Liccardo. “Y, en cambio, nos enfrentamos a una industria que está presionando por derechos que son sujetos al mercado”.

Aunque los códigos son voluntarios, Liccardo teme que se propaguen rápidamente una vez que se implementen, ya que es probable que los cuerpos legislativos adopten propuestas que hayan recibido la bendición de la FCC.

Las ciudades también acusan que la membresía del BDAC tiene un gran peso de empresas y sus asociaciones de comercio, y solo un puñado de grupos de consumidores, académicos, tribus nativas americanas y funcionarios del gobierno local. No hay representantes municipales en el grupo de trabajo del código de estado, por ejemplo.

El alcalde de San José no es el único molesto al respecto. En noviembre, la Liga Nacional de Ciudades, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Condados enviaron una carta a la FCC protestando por la composición del BDAC y pidiéndole que proteja a la autoridad local sobre los derechos de paso públicos (por ejemplo, carreteras, zanjas, trayectos de servicios públicos, etc.) Un grupo de 79 ciudades reiteró el mensaje en enero.

En una respuesta, la FCC se mostró inflexible. “El BDAC ha trabajado arduamente para desarrollar un consenso sobre la eliminación de las barreras normativas innecesarias para el despliegue de banda ancha, y sus recomendaciones ayudarán a extender la oportunidad digital a todos los estadounidenses”, dijo.

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Elizabeth Bowles, presidenta del BDAC y presidenta de un proveedor de servicios inalámbricos con sede en Arkansas llamado Aristóteles, dijo que estaba “decepcionada” por la renuncia de Liccardo y que está comprometida a alcanzar un resultado equitativo, aunque es posible que el BDAC proceda sin el apoyo de las ciudades .

“Creo que es fundamental que lleguemos a un terreno común”, dijo Bowles. “No quiero ver un resultado en el que todos menos los municipios respalden las recomendaciones”.

Es probable que los códigos e informes finalizados se envíen a la FCC en algún momento del año próximo. La agencia también está considerando aprobar un conjunto separado de reglas que limitarían la autoridad local sobre la infraestructura de banda ancha.

Los pocos representantes del BDAC del gobierno local, incluidas la Ciudad de Nueva York y McAllen, Texas, publicaron un informe en enero cuestionando la autoridad de la FCC para dictar las tarifas que las ciudades pueden cobrar y los límites que pueden imponer a los proveedores de banda ancha.

“Desafortunadamente, las recomendaciones que surgen hoy de este órgano parecen destinadas a poner un mayor énfasis en la conveniencia y las ganancias de los proveedores que en las necesidades de las comunidades y de los estadounidenses promedio”, escribieron las ciudades.

Un esfuerzo similar está en marcha en el Congreso. La semana pasada, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes revisó varios proyectos de ley que eximirían a los proveedores de banda ancha de la conservación histórica y de revisiones ambientales en una serie de circunstancias, como por ejemplo después de un desastre natural.

nullEn respuesta, los grupos de consumidores argumentaron que las ciudades necesitan reglamentaciones por todo tipo de razones legítimas, como evitar inconvenientes indebidos en la construcción y trabajos de mala calidad que deban rehacerse más adelante. Eliminar las restricciones locales no incentivará más a las compañías a invertir en áreas donde no pueden obtener ganancias, dijeron.

“Estos códigos modelo se basan en la idea de que si somos lo suficientemente amables con estas compañías, ellas vendrán y se desplegarán”, dijo Harold Feld, vicepresidente senior del grupo de políticas tecnológicas sin fines de lucro Public Knowledge. “Haces todo esto, y no hay nada que demuestre que esto de hecho llevará banda ancha a donde no la hay en este momento. Este no es el mayor factor de costo”.

Más que regulaciones y tarifas, la infraestructura de banda ancha es costosa debido a la mano de obra, a la tecnología y los materiales. Feld dijo que otras políticas, como asegurarse de que las carreteras estén construidas con un conducto que permita que la fibra se coloque fácilmente en el futuro, ayudarían a reducir el costo de la banda ancha sin pasar por encima de la autoridad local.

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Pero en áreas menos pobladas en que las compañías privadas aún no han prestado servicios, los demócratas enfatizan que los subsidios públicos son lo único que marcará la diferencia. “En ausencia de fondos, no hay banda ancha”, dijo el representante de Vermont Peter Welch en la audiencia de la semana pasada. “Es tan simple como eso”.