El futuro del caso Pegasus, en manos de AMLO
El gobierno del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, deberá enfrentar los fantasmas de su antecesor, como lo es el caso Pegasus sobre el supuesto ciberespionaje a periodistas y activistas.
Nuevas evidencias revelan que presuntamente el gobierno mexicano llevó a cabo actos de espionaje cibernético en contra de allegados y colegas de Javier Valdez, periodista asesinado en mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, y quien laboraba en el semanario Río Doce.
Estas revelaciones reavivaron el caso en el que supuestamente el CISEN utilizó el software israelí, Pegasus, para realizar espionaje cibernético a civiles, razón por la cual la Organización Internacional de Gobierno Abierto (OGT) abrió en 2017 una investigación para comprobar estos hechos y valorar eliminar a México de dicho órgano, por violación de derechos digitales, acusaciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado.
Alejandro González, ex presidente del Comité Global de Gobierno Abierto, confirmó que el 16 de julio de 2018, 12 organizaciones como Artículo 19, CIDAC, IMCO, Observatorio Nacional Ciudadano, y Transparencia Mexicana, entre otros, presentaron la solicitud para que OGT evaluara el caso, el cual, el 24 de agosto de 2018, fue aprobado y declarado como procedente en una carta- a la que Expansión tiene acceso- dirigida a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.
“La valoración fue positiva y entonces se dio como procedente la queja y empieza una investigación. Hasta ahora hay un conjunto de visitas de especialistas y de un comité directivo que se reunieron con actores clave en México y revisan documentos. (...) La investigación del comité va muy avanzada y con estos nuevos casos esto está de nuevo en el ojo público”, dijo González en entrevista con Expansión.
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Los nuevos casos expuestos por el laboratorio canadiense Citizen Lab y publicados por el diario New York Times dan cuenta de las presuntas tareas de espionaje cibernético que el gobierno llevó a cabo con el software israelí, Pegasus, fabricado por la empresa NSO, el cual se sabe que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la SEDENA, adquirieron para llevar a cabo tareas de espionaje.
Documentos, que se hicieron públicos en 2017, avalan que tanto PGR como el CISEN y la SEDENA adquirieron Pegasus desde 2014 y que en 2015 y 2016 pagaron millonarias actualizaciones del software. En 2015, las tres dependencias pagaron un monto de 498 millones de dólares, por una actualización de dicho software, el cual se refrendó en 2016.
Ahora se sabe que a los casos publicados en 2017, contra activistas, se suman los espionajes en contra de Andrés Villarreal e Ismael Bohórquez, colaboradores también del semanario en el que Valdez trabajaba. Citizen Lab detalló que Villarreal y Bohórquez recibieron al menos seis mensajes con código malicioso que le daba acceso a los controladores del software Pegasus a ingresar a todas las funciones y documentos de sus smartphones.
González adelantó que éstas revelaciones, dadas a conocer el pasado martes 27 de noviembre, reafirman la posibilidad de que México sea expulsado de la OGT, el organismo que nació en la Asamblea General de la ONU en 2011, y refuerzan la valoración existente; sin embargo, el cambio de gobierno federal deja “abierto un compás de espera” en este caso y dependerá de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador si la expulsión de México del OGT procede o no.
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“Por el cambio de gobierno federal ahora se complican las cosas. Esa nueva administración anunció que iba a desaparecer algunas de las áreas que se consideran como posibles culpables del espionaje, como el CISEN, y que se va a reformular bajo otros estándares la fiscalía general. Entonces, eso abre un compás de espera porque si el gobierno que entra reconoce que esto sucedió y que hubo una actuación indebida no procede, pero si anuncia la desaparición de las instancias y no se avanza (en la investigación), sí se procedería”, dijo.
“Hay que ver qué hace la nueva administración para saber qué va a pasar”, agregó González.
Desde diciembre de 2017, López Obrador, expuso su intención de desaparecer al CISEN y en julio de 2018, ya como presidente electo, Alfonso Durazo, designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública, reiteró la intención de desaparecer a éste órgano y que en su lugar se crearía la Agencia Nacional de Inteligencia.
Lavarse las manos
El hecho de que la PGR y el CISEN aparezcan como propietarios del software los incluye en la investigación como sospechosos; no obstante, González advirtió que de disolverse estas entidades en el nuevo gobierno es altamente probable que ya no se investigue el hecho y que no se les persiga.
En este caso, dado que el gobierno quedaría en inacción ante un caso de espionaje, el Órgano Internacional de Gobierno Abierto tendría elementos para sacar a México de dicho organismo.
“Más que el hecho de espionaje en sí se señala la inacción del gobierno. Además se cree que hubo infecciones posteriores y el punto es que hoy no se descarta que haya habido más ataques y a pesar de que se le dijo al gobierno que haga transparente que agencias contaban con acceso a este software y cuáles eran las fechas de inicio de operación y de la fecha de la última operación del servidor con esa dependencia no hubo estos datos”, dijo González.
Beneficio de la duda
Si bien AMLO ha externado su intención de desaparecer el CISEN y otros órganos de gobierno, González, dijo que los comités de gobierno abierto han mantenido conversaciones con funcionarios de la próxima administración y de las que se sabe que existe voluntad para retomar el caso y actuar para investigarlo, por lo que el directivo dijo que antes de conocer la decisión final de OGT, se le dará a AMLO el beneficio de la duda.
“Los primeros 100 días del gobierno serían clave para que queden claras cuáles son las prioridades. Si no hay entonces algún movimiento, alguna comunicación o algo se procedería para sacar al gobierno mexicano. No creo que el comité global de Gobierno Abierto de más tiempo y ya saldríamos del impass”
