Después de que Twitter marcó una publicación de Trump en esta red como posiblemente desinformativo, el mandatario estadounidense, usó la misma plataforma para amenazar con emitir un decreto para modificar la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones de Estados Unidos. Dicha modificación haría 100% responsables a este tipo de firmas digitales de lo que los usuarios publican en ella. Con una medida así no podrían señalar alguna publicación como dudosa o falsa, y los tuits en particular de Trump, no podrían sujetarse al escrutinio.
Trump hizo la amenaza realidad y el jueves 28 de mayo firmó la orden ejecutiva para comenzar este proceso, el cual incluso la Comisión Federal de Telecomunicaciones en EU, la FCC, considera inviable, pero que de acuerdo con Sánchez sí abre la puerta a una discusión sobre la pertinencia de modificar o no las leyes alrededor de lo que se permite o no en el entorno digital, pues dichas legislaciones datan de 1996 y hoy 24 años después, el escenario digital dista mucho del ecosistema que estaba en pie en ese entonces.
Pero si bien tanto Sánchez, como la consultora Statista, coinciden en que se deben actualizar las regulaciones en el espacio digital, ésta no debe partir de un decreto sino de una amplia discusión de industria, gobierno y sociedad civil.
“Antes de llegar a un estado de más regulación, que creo que es necesario, debe de haber una discusión muy amplia , transparente y diversa con todos los involucrados, no un berrinche de Trump”, dijo el abogado.
“El mayor reto ahora es tratar de transitar hacia un estatus con mayor regulación que permita que siga habiendo nuevas plataforma pero que prevea estas situaciones y que hay actores dominantes que van a necesitar una regulación tal vez asimétrica, como ya se hace en varios otros sectores de telecomunicaciones”, explicó.
“La medida tendrá que enfrentar diferentes retos legales antes de proceder”, citó Niall McCarthy, analista de la consultora Statista.
