Aunado a la intención de reducir el gasto en tecnología, la Ley de Austeridad, por la que se ha reducido el presupuesto de cómputo de varias dependencias y se eliminó el fideicomiso eMéxico, apuesta más por el uso de software libre, que aunque representa menores costos por el pago de licencias, requiere una mayor infraestructura y solidez en el manejo de sistemas para no elevar riesgos de ciberseguridad, por ejemplo.
“No es mala decisión el software libre pero ningún gobierno vive sobre él y tampoco es tan libre. Sí tiene costos de adopción y empleo y tiene riesgos. Puedes exigir calidad de servicio de actualización y de mantenimiento cuando pagas por ello, pero cuando es un esquema colaborativo tiene temas fiscales, de seguridad nacional, de soberanía y no puedes estar ensayando con aproximaciones a un software robusto”, comentó Ernesto Piedras, director general de la consultor a The CIU y analista de tecnología.
Red Hat, una de las empresas globales más grandes en la implementación de software libre, mide el ahorro de esta tecnología entre el 70 y 80%; sin embargo, se requiere de la inversión en otros costos de administración para su viabilidad.
El reporte de riesgos en el software abierto 2020, elaborado por Synopsis, advierte que en el mercado 49% de las vulnerabilidades encontradas en bases de datos de software abierto (OOS) son de alto impacto, además de que uno de los riesgos más graves en la implementación de este tipo de software es dejar de dar mantenimiento constante o no actualizar el código.