La demanda, revisada por Reuters, dice que la desinversión "simplemente no es posible: ni comercialmente, ni tecnológicamente, ni legalmente (...) No hay ninguna duda: la Ley forzará un cierre de TikTok para el 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadounidenses que utilizan la plataforma para comunicarse de una manera que no se puede replicar en otro lugar".
También mencionaron que TikTok ha gastado 2.000 millones de dólares en aplicar medidas para proteger los datos de los usuarios estadounidenses y ha asumido compromisos adicionales en un borrador de Acuerdo de Seguridad Nacional de 90 páginas desarrollado a través de negociaciones con el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).
Este no es el primer enfrentamiento legal de TikTok en Estados Unidos basado en la Primera Enmienda. El año pasado, un juez en Montana bloqueó la prohibición estatal del uso de TikTok, argumentando que violaba los derechos de libertad de expresión de los usuarios.
La presión sobre TikTok proviene no solo de Estados Unidos, sino también de otros países occidentales como el Reino Unido, debido a preocupaciones sobre la accesibilidad de los datos de los usuarios al gobierno chino.
La plataforma ha respondido activamente, instando a sus 170 millones de usuarios estadounidenses, muchos de los cuales son jóvenes, a expresar su oposición a la legislación llamando al Congreso. El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, prometió seguir luchando y defendiendo la plataforma, utilizando todos los recursos legales disponibles para protegerla.
La raíz de este conflicto se encuentra en la tensión entre Estados Unidos y China. Los legisladores y reguladores estadounidenses temen que TikTok y su empresa matriz puedan compartir datos sensibles de usuarios con el gobierno chino, lo que podría tener implicaciones en materia de seguridad nacional y desinformación.
TikTok ha negado repetidamente estas acusaciones y ha tratado de distanciarse de ByteDance, insistiendo en que operan de manera independiente.