“Habría una preocupación por la falta de un ente autónomo como lo exige este tratado, y entraríamos en una situación violatoria. Además, se sumarían preocupaciones de los operadores que quisieran venir al país a hacer negocios”, apuntó Bautista a Expansión.
Esta situación significaría un retroceso en el progreso que se había alcanzado hacia el exterior, de acuerdo con Cynthia Solis, cofundadora de la firma legal Lexinf y miembro del Consejo consultivo del IFT.
“En el corto plazo, la desaparición de este tipo de organismos traería una falta de certidumbre de Estado de derecho, pero también de justicia social, pues más allá de regular a las empresas, también una labor de este tipo de organismos está en defender muchos de los derechos de los usuarios”, indicó Solís.
Sheinbaum anunció que José Antonio Peña Merino será el director de la Agencia de Transformación Digital del gobierno, organismo que encabezará a partir del 1 de octubre. Aunque no se ha hablado de la desaparición de estos organismos, los especialistas coinciden en que uno de los principales retos de la nueva institución y su titular será la experiencia técnica.
“Hay varios escenarios en torno a lo que podría pasar ahora que llegue una nueva reforma. El primero es el de la desaparición, pero un segundo es que las vacantes que hay en el IFT puedan ser ocupadas por algunos de los políticos de este tipo de organismos y así se mantendría el talento técnico del organismo, los acuerdos comerciales y un diálogo más bilateral”, apuntó Bautista.
Además, Merino se enfrenta a un reto en materia de ciberseguridad, pues se necesitaría definir si una posible Estrategia Nacional de Ciberseguridad caería en esta agencia, y su definición contempla temas no solo de digitalización, sino también fiscales y de fiscalías, entre otros.
Dentro de las labores de entes como el INAI, también se tendría que poner foco en este nuevo ente en materia de datos personales y la regulación de los mismos, con el fin de que no se vulneren los derechos digitales de los ciudadanos, de acuerdo con la especialista legal.
Por su parte, Ernesto Piedras, director de The CIU, apuntó que la labor de este tipo de entes ayuda a equilibrar los mercados, atraer nuevos jugadores y proteger las finanzas personales de los usuarios, por lo que el enfoque tendría que ser seguir con este camino de competencia económica y no eliminarlos.