El gobierno federal siempre ha mostrado un interés en rescatar a Altán Redes, firma encargada del proyecto Red Compartida, ya que la compañía es fundamental para los objetivos de conectividad al contar con espectro e infraestructura idónea para zonas remotas, particularmente en donde aún no hay internet, por lo que si quebrara el plan de López Obrador y de su sucesora se vería mermado. Entonces es mejor controlarla.
Pero analistas consultados por Expansión coincidieron que controlar Altán solo puede derivar en un nuevo Pemex. El dominar la operación de Altán implicará más una carga financiera para el Estado que un apoyo, porque deberá pagar y negociar el adeudo de la Red Compartida con sus acreedores y a la vez continuar con el subsidio que aplican a las tarifas de los servicios de telefonía móvil a través de CFE TEIT.
El Estado hasta ahora ha entregado dos apoyos financieros a Altán. El primero fue en 2022, cuando el gobierno federal, a través de la banca nacional de desarrollo, otorgó una inversión de 161 millones de pesos para que continuara su operación. La segunda ayuda llegó en septiembre del año pasado cuando Bancomext y Nafin, brazos de la banca nacional de desarrollo, aprobaron un nuevo financiamiento de hasta 100 millones de dólares.
“Creo que ya estamos frente a un nuevo Pemex. Esta es la tercera vez que el gobierno rescatará a Altán y solo tenemos información parcial sobre lo que se está haciendo en conectividad. Ni Altán ni CFE TEIT entregan datos públicos.”, dijo Salomón Padilla, experto en telecomunicaciones y vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes (ATIM).
Carlos Lerma, CEO de Altán Redes, aseguró a Expansión en marzo pasado que la compañía se encuentra en un momento de tranquilidad, gracias a que la empresa ha logrado abonar 11 millones de usuarios, lo que significa casi el doble que reportó en 2022. Este avance ha provocado que la compañía proyecte un posible equilibro financiero durante este año, sumado a que la Banca de Desarrollo ha inyectado un nuevo crédito de 100 millones de dólares. Sin embargo, este medio no ha podido acceder a documentos que puedan sustentar esta información.
“Desafortunadamente no se ha podido conocer el plan de negocio de Altán ni de CFE TEIT, así como los ingresos que han generado ambas compañías en los últimos dos años, algo que nos pueda dar perspectiva de su desempeño. Y ahora solo sabemos que el gobierno busca apalancarse de una empresa que tiene una gran deuda por su reestructura financiera y de cuyo tema tampoco sabemos cómo se realizará el pago”, dijo Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones.
Mayor distorsión del mercado
El mercado móvil también ha cambiado desde que el gobierno decidió rescatar a Altán. En los últimos dos años la empresa de la Red Compartida ha otorgado mayores capacidades de red a CFE TEIT y a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), en especial a Bait, traduciéndose en planes asequibles para los usuarios. Esto ha traído como consecuencia que los grandes operadores como Telcel, AT&T y Telefónica enfrenten dificultades para replicar las tarifas y planes de sus competidores.
América Móvil es una de las empresas que incluso ha interpuesto una demanda contra Altán por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con las tarifas de venta de servicios de conectividad que particularmente ofrece Bait, el OMV de Walmart.
Y ahora esta situación podría empeorar con el control de CFE TEIT sobre Altán, ya que la estatal contaría con mayores condiciones favorables para acceder a la Red Compartida de Altán Redes como es no pagar la infraestructura y con ello depredar las tarifas, es decir, imponer precios más bajos en el mercado móvil, y que las demás compañías no puedan replicar esas ofertas, algo como hace Bait.
Los analistas aseguraron que para evitar problemas en el mercado, como los que ya se registran, será necesario que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vigile y revise la regulación a CFE TEIT así como la concesión de Altán Redes para evitar barreras a la competencia en un sector que atraviesa varios desafíos económicos por las grandes inversiones que implica el tejido de red e infraestructura y por los cambios en los hábitos de consumo de los usuarios que ha mermado las ganancias de los operadores.
“El regulador es una pieza clave para el cambio que busca el gobierno. Se tiene que revisar si la empresa aún será pública-privada o solo estatal, así como determinar el tema de la supervisión de los hitos de la Red Compartida, ya que ahora el gobierno será juez y parte. Pero en especial revisar el tema de la compartición de red e infraestructura entre la estatal y Altán para evitar problemas en la operación móvil porque esto puede afectar mucho al mercado de por sí ya es complico”, precisó Moreno.
Expansión solicitó información al IFT respecto a las nuevas implicaciones regulatorias que ameritaría el control del gobierno sobre Altán, pero hasta la publicación del texto no fue respondida la solicitud.
El gobierno tiene una clara convicción de salvar a Altán para que forme parte de su plan de conectividad, pero en especial porque le permitirá operar y competir en las telecomunicaciones. Esta industria se ha convertido en un punto estratégico para los Estados gracias a los miles de datos que son transportados a través de las redes de las compañías y los cuales son el nuevo petróleo de los gobiernos. Sin embargo, antes de lograr este objetivo, el Estado deberá saldar una enorme deuda y evitar problemas de competencia en el mercado móvil.
