Altán regresa a concurso mercantil por cambios en acuerdo con acreedores

Esta decisión de los jueces se debe a una apelación presentada por Nokia y Operbes, las cuales son empresas acreedoras de Altán Redes. Sin embargo, fue el argumento de Nokia el que llevó a los jueces a tomar esta decisión, ya que descubrieron que la compañía encargada del proyecto de la Red Compartida había alterado las versiones del texto del acuerdo.

En noviembre de 2021, Altán Redes se vio obligada a declararse en concurso mercantil debido a una disminución significativa en sus ingresos, que ascendió a 58,000 millones de pesos. Esta situación se debió a que la pandemia retrasó la firma de contratos por parte de algunas empresas interesadas en utilizar su red, así como el lanzamiento de ofertas en el mercado. Como resultado, la empresa experimentó demoras en los pagos a sus acreedores.

La deuda total de Altán alcanzaba los 30,025 millones de pesos, distribuidos entre diferentes tipos de acreedores: prioritarios, con garantías reales prendarias, comunes y subordinados. Para reestructurar esta deuda, Altán reconoció a seis acreedores como prioritarios, entre los que se encontraban Axtel, Morgan Stanley, Isla Guadalupe Investements, Megacable, Hansam y China México Found (CMF), quienes también son accionistas de la empresa responsable de la Red Compartida.

Una vez que Altán hubiera saldado sus obligaciones con los acreedores prioritarios, procederá a pagar a las empresas incluidas bajo la figura de garantía prendaria. Esta lista incluye a Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), China Development Bank, Huawei, Nacional Financiera (Nafin) y Nokia.

Altán también reconoció a 106 acreedores comunes, que no cuentan con garantías y, por lo tanto, recibirán su pago en una etapa posterior. Entre estos acreedores se encuentran el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), Data Warden, AT&T, American Tower, entre otros.

El documento de la sentencia, del cual Expansión tiene una copia, señala que uno de los cambios más importantes en la redacción de los documentos fue que, en la primera versión presentada a los acreedores, se especificaban las obligaciones de Altán en cuanto a pagos con todas las compañías. Sin embargo, en el documento entregado a las autoridades mercantiles, la compañía dejó sin claridad las obligaciones que tendría con los acreedores considerados como no prioritarios, que son más de la mitad de las compañías, incluyendo a Nokia y Operbes.

Las autoridades especializadas advirtieron en el documento de resolución que, aunque el convenio fue suscrito por el 93.68% del monto total de los créditos reconocidos, y la ley concursal solo exige que sea más del 50%, “no hay certeza de que dicho porcentaje corresponda al número de acreedores que hayan aceptado los términos del acuerdo”, debido a las últimas variaciones presentadas por el conciliador.

Los cambios realizados en la versión del acuerdo fueron el argumento más contundente para suspender temporalmente el acuerdo entre los acreedores y Altán desde el 1 de marzo de este año. En su lugar, los magistrados han solicitado reiniciar el proceso de acuerdo.

No obstante, la resolución emitida por los magistrados puede ser impugnada. Altán Redes tiene un plazo de hasta quince días, a partir del día de la sentencia, para impugnar la decisión de las autoridades; de lo contrario, la resolución se considerará válida.

José Sagredo, abogado del despacho GLZ y especialista en concursos mercantiles, comentó que las apelaciones a las resoluciones de reestructuraciones financieras son comunes, pero lo que resulta inusual son los cambios en las versiones del documento del acuerdo mercantil.

"Lo sucedido con Altán es algo atípico. Hubo una falta de transparencia al presentar una propuesta de convenio a los acreedores y otra distinta ante los tribunales. Lo que se está solicitando ahora es reiniciar el acuerdo para que sea revisado por todos los socios de Altán", afirmó Sagredo.

El apoyo financiero del gobierno

Fernando del Castillo, socio del despacho del Castillo y Castro, quien estuvo a cargo de la reestructura y concurso mercantil de Altán, mencionó a Expansión el año pasado que la empresa planeaba liquidar su deuda total en un lapso de 34 años, es decir, para el año 2056.

Sin embargo, Altán no está sola en este proceso. La operación de la Red Compartida, el proyecto bajo responsabilidad de la empresa, se ha vuelto una prioridad para la administración de Andrés Manuel López Obrador en su esfuerzo por cerrar la brecha digital. Una parte crucial de la reestructuración financiera de Altán se logró gracias a una inversión de 161 millones de dólares provenientes de la banca de desarrollo, representando el 41% de los 388.1 millones de dólares destinados a la operación de la empresa.

En la actualidad, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (conocida como CFE Telecom), una empresa estatal de conectividad, se ha convertido en un importante aliado de Altán para expandir su red y cumplir con sus metas de cobertura. Esto se realiza a través de un acuerdo de compartición de ingresos, lo que significa que los ingresos generados por el arrendamiento de las torres y equipos de CFE Telecom por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) de la Red Compartida se reparten entre ambas empresas.

Jorge Moreno Loza, un abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione, opinó que a pesar de contar con el respaldo del gobierno federal, Altán Redes aún no ha logrado avanzar significativamente en su proyecto de conectividad desde la reestructuración financiera realizada hace casi un año y medio. Los resultados tangibles aún no son evidentes.

"Altán sigue enfrentando obstáculos para hacer viable su plan de negocio y, mientras tanto, el gobierno está decidido a llevar a cabo su proyecto de internet. Sin embargo, el convenio entre ambas empresas no está funcionando como se esperaba, y ahora se suman los problemas legales", lamentó Moreno Loza.