La indefinición de un ente independiente, además de no brindar garantías al manejo de datos personales de particulares, podría provocar que otros derechos se vean vulnerados.
“Las transferencias internacionales estarían en peligro e incluso el uso de proveedores en terceros países se vería parado, como consecuencia de que no se adquieren o que no se llega a un estándar de protección de datos personales. En toda transacción hay involucrados datos personales y se da estatus de derecho humano, específicamente con el reglamento europeo, pero cada vez más en la regulación que se pretende dar en Estados Unidos y el resto del mundo”, destaca Davara.
Por su parte, la Ren en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte en su Informe sobre Gobernanza Digital que los Estados promuevan la transparencia en las solicitudes de remoción de contenido y sigan los estándares internacionales de derechos humanos en la regulación de plataformas digitales; sin embargo, con esta reforma los avances alcanzados, en materia de manejo de datos personales, se verían en riesgo.
“Íbamos en muy buen camino, no solo porque nuestros estándares se acercaban bastante al GDPR, sino porque se estaba en camino de solicitar la adecuación, o sea, que la Unión Europea viera si éramos un país adecuado para dar servicios con garantías en la protección de datos y ya no solo transferencias”, indicó Davara, lo que significa que incluso se podrían perder oportunidades para la llegada de empresas al país.
Por ejemplo, prestar servicios de tercerización se verían afectados, pues no se tendría la certeza del manejo y entidad que vigile este manejo.
El dictamen de la iniciativa de reforma, en materia de simplificación orgánica, establece que los comisionados, que a la entrada en vigor del Decreto continúen en su encargo, deberán concluir sus funciones con la nueva legislación.
También refiere que se busca integrar las tareas de estos siete organismos a distintas instituciones federales.
“El ciudadano no puede tener una administración pública electrónica si no tienes un ciudadano electrónico y el ciudadano electrónico solo son datos. Entonces, ente autónomo prende las alertas a no tener ciberseguridad y certeza en la privacidad. Además de atrasos en regulaciones en torno a temas como la Inteligencia Artificial”, apuntó Davara.
Por su parte, Kiyoshi Tsuru, socio fundador y director de TMI Abogados, apunta de la relevancia de entes como el INAI o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para avanzar leyes como la de ciberseguridad, pero otras enfocadas en la transformación digital del país.
“Como lo establece esta ley (de ciberseguridad) necesitas una autoridad especializada, autónoma, independiente experta que pueda coordinar las leyes en materia técnica; sin embargo, si desaparecen este tipo de iniciativas quedan sin certeza de a quien recurrir”, indicó Tsuru.
Ambos coinciden que la gobernanza de contenidos y los derechos digitales, así como la regulación y protección de esto, está en riesgo, lo que podria provocar que el equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de moderar contenidos no exista, además de generar desconocidmiento por la falta de transparencia.
