Ante inconformidad de justicia mexicana, acreedores de TV Azteca inician proceso

En agosto del año pasado, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management iniciaron un proceso legal internacional contra el Estado Mexicano bajo el amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por el impago de bonos de 400 millones de dólares con vencimiento en 2024 que obtuvo TV Azteca en 2017, por parte de ambos fondos.

Ambos fondos alegan que el país no ha tratado su inversión de “manera justa" debido a que TV Azteca ha obtenido decisiones judiciales favorables para eludir el pago de bonos y, por ello, han llevado el caso a un tribunal internacional de arbitraje.

Hasta ahora, el gobierno mexicano es representado por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional (DGCJCI), que es parte de la Secretaría de Economía. Esta Dirección General detalló a Expansión, vía transparencia, que hasta el 18 de septiembre de este año, su defensa ha implicado una erogación de 150,000 dólares derivados en “gastos de administración y por el importe pagado dentro del caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”, institución del Banco Mundial donde se concentran las controversias internacionales, principalmente entre inversionistas y Estados.

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México pide desechar arbitraje iniciado por acreedores de TV Azteca

La representación mexicana también debe pagar los honorarios de Zachary Douglas, quien funge como árbitro en la disputa internacional. Los árbitros internacionales desempeñan un papel crucial en la resolución de controversias entre Estados e inversores, actuando como jueces y no como abogados de las partes involucradas.

Un experto en arbitrajes internacionales que habló bajo condición de anonimato, dijo que la cantidad que el gasto del Estado mexicano es normal, ya que el CIADI pide un anticipo de al menos 50,000 dólares para garantizar los honorarios y viáticos del tribunal del arbitraje, que se compone de dos árbitros y un presidente del tribunal de la controversia internacional.

Por ejemplo, Douglas, reconocido por su enfoque ponderado que podría favorecer al Estado, cuenta con una amplia experiencia, participando previamente en 44 arbitrajes internacionales, por lo que sus honorarios son elevados, dijeron anteriormente dos especialistas en arbitrajes a este medio.

Expertos en la materia estiman que el costo de un litigio de este tipo puede variar entre 8 y 10 millones de dólares y resolverse en un plazo de entre tres y cinco años. Hasta ahora la disputa entre ambos fondos y el Estado mexicano ha cumplido poco más de un año.

“De aquí a que se dicte la resolución de la controversia, los gastos van a aumentar. Los árbitros van a ir expidiendo facturas por sus honorarios (de acuerdo con un tabulador) y los pagos se van a dividir entre ambas partes, es decir, entre los fondos de inversión y el Estado Mexicano, sin perjuicio de que el ganador pueda reclamar el reembolso a la parte perdedora”, aseguró el experto en arbitrajes internacionales.

Expansión buscó a TV Azteca para conocer su opinión sobre el proceso de arbitraje, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.

México quiere ganar el caso

La defensa mexicana en junio pasado solicitó desechar el juicio y en su caso resarcir los gastos que ha implicado el proceso para el país, de acuerdo con los documentos consultados por Expansión. El equipo legal mexicano argumentó ambigüedades en la procedencia de las inversiones de Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, dejando fuera el capital de la protección del T-MEC.

Los fondos de inversión han enviado una respuesta a la argumentación del Estado Mexicano, pero hasta ahora no ha sido pública.