Ley de seguridad social para repartidores: “Plasmada en grises”

El pasado 24 de diciembre se publicaron por Decreto nuevas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo para brindar seguridad social a socios de aplicaciones de Uber y DiDi. La nueva normativa surtirá efecto en un máximo de 180 días naturales, lo que implica que entrará en vigor el próximo 22 de junio. Pero para los trabajadores de las plataformas de delivery y movilidad aún quedan dudas sobre las implicaciones que traerá el nuevo marco laboral.

El Decreto establece que antes de entrar en vigor la nueva Ley, se implementará una prueba piloto de participación obligatoria, cuyos resultados se utilizarán para preparar las iniciativas que “con mayor detalle definirán los aspectos relativos al cumplimiento” de las obligaciones bajo las que funcionará la seguridad social, mismas que serán presentadas ante el Poder Legislativo para su discusión; sin embargo, hasta ahora no hay claridad de cuándo se aplicará el proyecto de prueba.

Esta prueba resulta fundamental para resolver las dudas de los socios de las plataformas. Entre las preocupaciones de se encuentran afectaciones a las tarifas para los usuarios y cambios en el esquema fiscal para trabajadores digitales. Diversos detalles quedaron difusos en la publicación del DOF, refirió Guillermo Malpica, director de Alianza In México, que engloba a plataformas como DiDi, Rappi y Uber.

Desde la perspectiva de Malpica, también falta afinar la distinción de cuándo un repartidor es trabajador independiente y cuándo se vuelve un trabajador ”subordinado discontinuo como dice la ley”.

El director de la Alianza In señala que si bien esta línea divisoria está planteada en el Decreto con base en el ingreso neto, es decir que si un trabajador de estas plataformas digitales gana más del salario mínimo es considerado trabajador discontinuo. Por ello, dijo que falta definir qué pasa cuando el trabajador pasa de una categoría a otra.

“Esto se calcula mes con mes y tiene implicaciones no solamente en el derecho a la seguridad social, sino a todos los demás derechos que tienen los trabajadores subordinados. Por eso queremos agregar precisiones que le den mayor certeza jurídica a todos lo que van a usar las plataformas”, detalla.

Uno de los temas qué más ha resonado entre los repartidores es evitar modificaciones al esquema de pagos de impuestos con el que actualmente cuentan. En noviembre de 2024, los Repartidor Unidos de México (RUM) alcanzaron un acuerdo con las autoridades para que este sistema se mantuviera, sin embargo este no fue plasmado por escrito. Actualmente, los repartidores pagan el 2.1% de ISR y 8% de IVA.

En diciembre del año pasado, días antes de la publicación del Decreto, RUM publicó un comunicado en el que exigía se respetara el compromiso de no hacerlos pagar más Impuesto Sobre la Renta (ISR)o Impuesto por Valor Agregado (IVA). Pero Balderas asegura que este punto se mantiene como una de sus mayores preocupaciones para la Asociación de Repartidores y Conductores Unidos de México.

Balderas dijo que el temor es que podrían cambiar las condiciones que se les prometieron.

“No nos quedó muy claro el tema fiscal con el SAT. Se supone que en las juntas que se tuvo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían comentado que no se iba a tocar absolutamente nada en cuestión del SAT, pero a la hora de la publicación del decreto en el DOF no se menciona nada”, explicó.

Balderas también señaló que desde la perspectiva de los repartidores, aún existe la posibilidad de que la falta de claridad también lleve a que haya aumentos para los consumidores o los negocios involucrados. Malpica prefirió no adelantarse y explicó que esto no quedará claro hasta que no entre en marcha la prueba piloto.

Ambos señalaron que tampoco queda claro en el DOF a quiénes en específico aplica la medida pues si bien el tema se ha centrado en los repartidores, el documento hace referencia a “trabajadores de plataformas digitales”.

“Al inicio (las autoridades) no mencionaron a los conductores, solo se estaban enfocando en los repartidores. Ya sentados en las mesas de la STPS fue que nos pudimos enterar que no solo los repartidores van a entrar en esto, sino los conductores y los trabajadores de paquetería (...) yo pienso que ahí llevó mal la comunicación el gobierno por solo mencionar a repartidores”, explicó Balderas.

El vocero de RUM dijo que esto es importante por lo que implican los costos operativos dependiendo del perfil de cada trabajador. “No es lo mismo tener una moto que cuesta 20,000 o 40,000 pesos a un carro que ya cuesta 300,000 pesos. La diferencia es abismal en gasolina, refacciones o mantenimiento”, detalló.

Balderas enfatiza en este punto debido a que entre los acuerdos que los repartidores lograron con la Secretaría de Trabajo está el tomar a las herramientas de trabajo como parte del salario, además de especificar la aportación de las plataformas a estos gastos operacionales.

Sobre este punto, en el DOF se menciona que es necesario establecer “mecanismo de adiestramiento, capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación y el uso adecuado de las plataformas digitales, además de otros materiales, insumos o herramientas necesarias para su trabajo, cuando así se convenga”.

¿Qué pasa en el marco jurídico?

Antonio Maluf coincide con la perspectiva de Balderas.

“Que manejen conceptos tan amplios (en el DOF), más que abarcar a toda una comunidad está generando muchas más incertidumbres”, comentó en entrevista para Expansión.

El abogado refirió que el problema es que las autoridades mexicanas quieren aplicar la reforma “a todo un grupo” pero en el papel no es claro que se quiera incluir aquello, sino sólo a ciertas personas que cumplan con cierta jornada de trabajo. Maluf comenta que tampoco queda claro el tema de las aportaciones.

“Hablando de seguridad social, en México opera un sistema de tripartita de contribución, el cupón establece que una parte de las aportaciones las pone el estado, otra el patrón y la última el trabajador”.

La problemática, dice el abogado, radica en que no hay claridad de “quién es el patrón” para los casos de trabajadores que operan de manera simultánea en distintas plataformas. Con ello, si la Ley entra en vigor bajo el modelo que actualmente rige en México, factores como la subordinación discontinua podrían traer consigo conflictos para las empresas.

“El inscribir a trabajadores para que coticen ante el IMSS o el Infonavit supone inversión de dinero. Así una persona trabaje dos viajes o un mes, cuesta dinero. Y si no los inscriben porque no operan de manera constante, se exponen (las empresas) a posibles litigios y contingencias laborales”, refirió el abogado.

A modo de ejemplo señaló que si un trabajador se desempeña en Uber y DiDi y es Uber quien hace sus aportaciones, el empleado podría demandar a DiDi por no estar dando las aportaciones al seguro social.

“Pero esto no es culpa de las empresas, sino del mismo gobierno por no definir realmente quién es el sujeto obligado para retener estas contribuciones”, añadió.

Desde la visión de Maluf, le están exigiendo al IMSS la creación de un programa piloto para una base de trabajadores que “no tiene sustento legal” porque la reforma “está plasmada en grises”.

“Yo no creo que generen un programa piloto y si sí seguramente va a traer muchos problemas. Legalmente lo que debería pasar es que los trabajadores o las empresas comiencen a ampararse en contra de la publicación de la reforma. Y lo que yo creo que va a pasar es que el IMSS va a estar pidiendo prórrogas y el gobierno las va a conceder”, concluyó