El mercado móvil cambiará por completo al consolidarse uno de los sueños del expresidente Andrés Manuel López Obrador: unir los activos de Altán Redes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero esto significará que el Estado, a través de la estatal, tome el control de la empresa encargada del proyecto Red Compartida, reconoció el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el documento donde aprueba la unión de activos de ambas compañías.
IFT advierte la influencia de la CFE sobre Altán

El regulador ha señalado que la CFE tendrá un control casi absoluto sobre Altán Redes gracias a un fideicomiso de fuente de pago. Esta estructura financiera fue creada por la empresa estatal en 2022, en colaboración con Banco Azteca, con el objetivo de liquidar las deudas de la Red Compartida con 119 acreedores. Además, funciona como un mecanismo de protección financiera para la compañía liderada por Carlos Lerma, en caso de enfrentar dificultades para cumplir sus compromisos con empresas como Huawei, Nokia, AT&T, América Móvil, Operbes de Televisa, Telefónica, entre otras.
La finalidad del fideicomiso es que la CFE transfiera recursos financieros a Banco Azteca para que después la entidad bancaria administre el pago de la deuda con cada uno de los acreedores de Altán, detallan los documentos del plan Quetzal.
Gracias a esta figura financiera, la CFE se hará acreedora del 48.63% de las acciones representativas del capital social de Altán, así como el 23.08% de derechos fideicomisarios de esa sociedad, otorgándole la capacidad de nombrar a dos de los 11 miembros del Consejo de Administración de la Red Compartida.
Para el IFT esta situación ha llevado a advertir riesgos de una influencia directa de la CFE en la operación y visión de negocio de Altán, a pesar de que la estatal y la propia firma de la Red Compartida manifestaron por escrito al regulador que su unión no incidirá en problemas de competencia.
“Los argumentos de las partes (CFE y Altán) no se consideran suficientes para asegurar que la (unión de activos) no tendría influencia en Altán dada la participación y derechos que obtendría para nombrar miembros del Consejo de Administración en la empresa, así como riesgos de neutralidad a la competencia", detalla el documento de resolución.
El regulador advirtió que la gran influencia que tendrá la CFE en Altán daría lugar a generar incentivos para que no actúen de manera independiente, además de facilitar el intercambio de información entre ambas compañías en términos y/o condiciones de precios, calidad y tiempos de atención, más favorables respecto a sus clientes como son los Operadores Móviles Virtuales (OMV).
Actualmente Altán y la CFE, a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuentan con un convenio de compartición de ingresos y de infraestructura e insumos. La empresa presidida por Carlos Lerma comparte capacidad de red a CFE Telecom para opere como un OMV, además de proveerle tarjetas SIM; mientras que CFE Telecom provee a la Red Compartida de las torres y antenas que despliega a nivel nacional con la finalidad de fortalecer la capacidad su negocio mayorista.
“(La unión de activos) de Altán, CFE y/o CFE Telecomunicaciones pueden establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el acceso a servicios mayoristas y/o el desplazamientos en el mercado relacionado de provisión de servicios de telecomunicaciones móviles al usuario final”, advirtió el regulador en el documento.
Esta situación ya ha sido sugerida por pequeños operadores de telecomunicaciones al señala que CFE Telecomunicaciones ha entrado a mercados con tarifas que son difíciles de replicar e incluso han acusado que esta compañía estatal ‘regala los servicios’ de telefonía, poniendo en un situación compleja para este tipo de compañías que no cuentan con un músculo financiero capaz de soportar prácticas anticompetitivas.
El IFT ha emitido condiciones regulatorias para evitar que Altán y la CFE depreden el mercado móvil, pero la extinción del Instituto puede dar lugar a que estas reglas puedan ser difuminadas ahora que el gobierno será juez y parte en el sector de las telecomunicaciones.