El ejecutivo apunta que tanto empresas como usuarios individuales están expuestos a ciberataques como ransomware, donde los datos pueden ser secuestrados, mientras que los fraudes electrónicos van en aumento, y la falta de respaldo dificulta la recuperación de información en caso de robo o suplantación de identidad.
“Muchos consideran que los servicios de almacenamiento en la nube son suficientes, sin tomar en cuenta que no todos garantizan un respaldo seguro. Hay una falta de educación digital sobre la importancia del respaldo frecuente” precisó Martínez.
Un reporte de Cyber Edge apuntó que en 2023, los ataques de ransomware aumentaron 45%, y tener un backup permite recuperarse sin pagar rescates. Además esta práctica reduce el tiempo de inactividad que puede costar 5,600 dólares por minuto en grandes empresas, según datos de Gartner.
“Al menos una vez a la semana es una métrica ideal para las empresas, pero en caso de aquellas que manejan data sensible se recomienda que sea un respaldo diario. La mayoría de las grandes empresa lo hace, el problema es con compañías más pequeñas y medianas, donde aún no se adopta esta práctica”, indicó Martínez.
Implementar un sistema de backup efectivo requiere más que guardar archivos en un disco externo. La regla tres copias, en dos medios distintos, con una fuera del sitio es la base de una estrategia resiliente, de acuerdo con especialistas.
Herramientas como Veeam o Acronis permiten automatizar el proceso, reduciendo errores humanos, responsables del 95% de las pérdidas de datos. Sin embargo, incluso los backups más sofisticados pueden fallar: el 47% no se restauran correctamente cuando se necesitan, por lo que pruebas periódicas son tan cruciales como las copias mismas. Desde la nube hasta cintas magnéticas, elegir el medio adecuado depende del balance entre costo, seguridad y accesibilidad.
Las empresas que subestiman este proceso no solo arriesgan su operatividad, sino también su reputación y cumplimiento legal, especialmente en un mundo regulado por normativas como el GDPR o la LGPD en la región.