El impuesto -incluído en el Código Fiscal de la Ciudad de México- fue impugnado por empresas del sector al considerar que establece un trato fiscal discriminatorio frente a otros prestadores de servicios similares, por lo que la SCJN revisará la constitucionalidad del mismo.
“Esta medida tendría un impacto importante y regresivo en el ecosistema de plataformas del que dependen miles de personas”, consideró AlianzaIn en un comunicado.
La asociación que agrupa a empresas digitales pidió a la SCJN considerar “todas las implicaciones de su decisión” y evitar un precedente que frene la innovación y la inversión en la economía digital.
De acuerdo con el organismo, el impuesto no solo afectaría a plataformas, sino a las comunidades de repartidores, los pequeños y medianos negocios que dependen de este canal de ventas y los consumidores que utilizan las plataformas de entrega.
“La economía digital es hoy un factor fundamental en el crecimiento económico y en las oportunidades de desarrollo. Un impuesto como el que se plantea es una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación”, advirtió AlianzaIn.
Repartidores Unidos de México (RUM) también expresó su rechazo a través de una carta que entregaron a la SCJN para pedirles que detengan el impuesto y, en su lugar, impulsen medidas para mejorar la seguridad y la infraestructura vial.
“El impuesto afecta la demanda de pedidos, afecta a los restaurantes y, en última instancia, pega al ingreso de nuestras familias”, señalaron en el documento.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México es el primer país en el mundo en poner en marcha un programa piloto de seguridad social para trabajadores de plataformas, el cual mantiene la flexibilidad laboral como principio central. Sin embargo, desde RUM aseguran que el nuevo esquema generó incrementos en los costos operativos de las empresas, lo que a su vez repercutió en las tarifas y su ingreso neto.
Recientemente se publicó una modificación que reduce los porcentajes de costos operativos reconocidos para efectos de seguridad social –de 60 a 55% para conductores, de 50 a 40% para motociclistas y de 15 a 12% para repartidores no motorizados–, lo que amplía la base de cálculo de las contribuciones.
“Esto implica mayores costos para las plataformas y, en consecuencia, para nosotros”, señalaron integrantes de RUM, quienes advirtieron desde el inicio del programa que los costos subirán.
Para los trabajadores, los cambios recientes y el posible impuesto del 2% configuran un panorama incierto. Si bien reconocen los avances, como el acceso a incapacidades e Infonavit para quienes reparten o conducen a tiempo completo, también señalan que el proceso para acceder a estos beneficios es complejo y que los ajustes fiscales podrían poner en riesgo la sostenibilidad del modelo.
“Queremos acceso a seguridad social, pero también reglas que entiendan nuestra realidad. El trabajo en plataformas no puede ser tratado como un esquema tradicional de oficina; es un modelo distinto que requiere soluciones adaptadas a su naturaleza”, compartió RUM.
AlianzaIn México confía en que las ministras y ministros “realicen un análisis profundo y ponderado” que priorice la competitividad y el bienestar de quienes dependen de la economía digital. “La decisión de la Corte enviará una señal clara sobre el rumbo de la innovación y del empleo en México”, señaló la asociación.
Mientras tanto, los repartidores reiteraron su disposición al diálogo. “Queremos construir soluciones junto con quienes toman las decisiones, no que se impongan medidas sin considerar lo que vivimos cada día. Si este piloto de seguridad social va a ser un modelo de justicia social, tiene que funcionar también para quienes mantenemos la economía digital en movimiento”.
